Zonas de riesgo
La COTBN, junto a representantes de movimientos campesinos de la provincia, se presentó en la sala Regino Maders de la Unicameral, para advertir a los legisladores sobre la gravedad del estado de los bosques nativos en la provincia. Los únicos que estuvieron presentes fueron Enrique Asbert, Silvia Rivero, Adela Coria y los asesores de los legisladores Dante Rossi, Omar Ruiz y Pedro Ochoa.
La ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para Protección Ambiental de los Bosques Nativos, establece una zonificación según la gravedad que atraviesan los mismos: una zona roja, destinada a la recarga de acuíferos y protección de cuencas de ríos y lagos, prohibiéndose además la tala y la quema; una zona amarilla, dirigida a su restauración y conservación para el turismo; y zona verde, constituida por “islas” de bosques nativos menores a mil hectáreas, quedando prohibida la quema.
Según los datos presentados por la titular de la COTBN, la docente Alicia Barchuc, la superficie total del territorio provincial es de 16.532.100 hectáreas, de las cuales alrededor de 30.000 son de bosques en buen estado de conservación (0,18 por ciento).
Las zonas más afectadas por el desmonte se encuentran al noroeste provincial, la Llanura Occidental, que cuenta con una superficie de bosques secundarios 356.500 has; y la Llanura Oriental, al noreste (ex Chaco Semiárido) con 78.000 has.
Según los datos de la comisión, el total de tierras desmontadas en el 2002 representaba un 20,1 por ciento de toda la superficie provincial, mientras que en 2008 trepó hasta un 34,4 por ciento.
En consecuencia, la COBTN instó al gobierno provincial a decretar la veda total del desmonte selectivo, el reconocimiento de los derechos poseedores ancestral, la no incorporación del enriquecimiento con exóticas en las zonas rojas, y garantizar la participación popular mediante talleres de consultas.
Modelos
Desde el movimiento de campesinos expresaron que “hay un modelo en disputa”: el modelo impulsado por el sector agroexportador, y el modelo de las comunidades campesinas.
Del mismo modo, identificaron a los miembros de la Sociedad Rural de Jesús María, Deán Funes, y Villa Dolores como los principales infractores de la ley 92.219 que prohíbe el desmonte. Por esta razón, desde la COBTN reconocieron las dificultades para controlar su cumplimiento.
Por su parte, la legisladora Rivero advirtió sobre “riesgo” que significaría la entrada de un proyecto en mayo desde el gobierno provincial, quien se ha expresado abiertamente a favor del reclamo de los empresarios rurales. En sintonía, la legisladora Coria llamó a “estar alerta” y “dialogar”.
El presidente de la Fundación para la defensa del Medio Ambiente (FUNAM), Raúl Montenegro, no se privó de disparar duras criticas a la gestión del ex gobernador José Manuel de la Sota, alegando su responsabilidad en establecimiento de politicas que permitieron la forestación.
A su vez, calificó a la ley de bosques como “lo mejor que se pudo hacer en el país”, aunque reconoció que su cumplimiento no es efectivo. Además, advirtió que la provincia no está exenta a lo ocurrido en Tartagal.