Refugiamos
La semana pasada tomó estado parlamentario el proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo por el que se solicita la aprobación del Convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas estableciendo a Córdoba como “Provincia Solidaria” para las personar refugiadas, sería aprobado en la próxima sesión del Poder Legislativo.
Se trata del “Memorando de Entendimiento y Cooperación entre la Provincia de Córdoba y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR” suscripto el día 27 de noviembre de 2008 por el Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, Dr. Raúl Hernando Sánchez y Cristian Koch Castro, Representante Regional para el Sur de América Latina del Alto Comisionado.
En dicha oportunidad participaron del evento representantes de la Justicia Provincial y Federal, de distintas universidades, Colegio de Abogados de Córdoba, Asociación de Magistrados, Dirección Nacional de Migraciones, del Cuerpo Consular, el Comité Interreligioso por la Paz (COMIPAZ), la Fundación para el Desarrollo Político y Social (FUNDEPO), y legisladores provinciales.
Además el convenio tiene por objetivo favorecer la cooperación interinstitucional a efectos de asegurar la protección y búsqueda de soluciones duraderas para los solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y otras personas que requieran protección internacional, llevando adelante medidas a fin de lograr su integración local y facilitar su proceso de integración en el país de acogida.
Asimismo el acuerdo busca promover la efectiva realización de los derechos fundamentales de aquellas personas que demanden protección internacional, a través del diseño e implementación de acciones, programas y proyectos orientados al cumplimiento del Programa de Ciudades Solidarias y de Reasentamiento Solidario del “Plan de Acción de México para fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina”.
En los fundamentos del proyecto se destaca además que su aprobación, no obstaculiza la política exterior a cargo del gobierno federal, inscribiéndose el mismo en el marco del Derecho Internacional Público vigente en la República Argentina y las leyes nacionales dictadas en la materia.
Asimismo, cabe destacar que para hacer efectivo los objetivos de este acuerdo se prevé el establecimiento de una Comisión Interministerial, la que será coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos.