Ay Juancito!
Estos requerimientos tienen que ver con el desgerenciamiento de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), el financiamiento del Programa de Asistencia Integral de Córdoba 
(Paicor), y las jubilaciones de privilegio. Se trata de los anuncios dados a conocer por el gobernador durante la sesión inaugural.
En lo que se refiere a la mutual provincial, el pedido de informe gira en torno al pago de plus y de supuestos negociados entre las empresas gerenciadoras del Apross. En este sentido, el legislador Raúl Jiménez se expresó a favor del desgerenciamiento que realizó el gobierno de Córdoba , aunque cuestionó la participación del estado y exigió que se diera a conocer “el monto de los negocios al que hace expresamente el señor gobernador con el tema del Apross”
El otro informe enviado a comisión fue el de la viabilidad financiera y extensión de las prestaciones del Paicor, como consecuencias de las ganancias extraordinarias generadas por el juego. En este punto, el legislador Hugo Bischoff se mostró escéptico sobre el origen de las mismas: “Cómo va a hacer el gobernador para justificar estas ganancias extraordinarias que no surjan de ningún lado?
Al mismo tiempo, lanzó duras críticas al oficialismo ante la negativa de reconsideración, al sostener que “debe ser que ya se olvidaron de las palabras del gobernador apelando a la sensatez, a la seriedad, a la sana y constructiva convivencia política declamada en este recinto. Ha durado menos de 72 horas la memoria de la mayoría”.
Respecto a la nueva ley de jubilaciones de Córdoba, la cual suprime las jubilaciones de privilegio, el presidente del Frente Cívico, Miguel Ortiz Pellegrini señaló que el gobernador “cae en enorme contradicción”, debido a que tal beneficio esta prohibido por la constitución provincial.
En consecuencia, el legislador propuso que se investigue, “ya que hace diez años que este gobierno está en el poder” para saber a quienes otorgaron el beneficio y quienes son los beneficiados, tratandose de un hecho irregular de acuerdo a lo que marca la propia ley de previsión social de la provincia.