La Punta del Iceberg
El miércoles 18 de Noviembre pasado, ingresó al poder legislativo un proyecto impulsado por sus 
empleados por el que plantean la necesidad de equiparar sus haberes con los del Poder Judicial, lo que representaría un impacto automático en el presupuesto de trece millones de pesos.
La iniciativa cuenta con el aval de diez de los once bloques que integran la cámara ya que el bloque de Unión por Córdoba no lo acompañó formalmente, pese a que muchos de sus integrantes comparten casi en su totalidad sus argumentos, debido a que desde el Poder Ejecutivo consideran que es inoportuno una medida que incremente los recursos con los que cuenta este poder.
En torno a esta cuestión el gobernador Schiaretti ya les expresó durante una reunión a algunos legisladores en Casa de Gobierno, que no era el momento de aumentos porque serían muy mal vistos por la sociedad.
En este punto se está jugando en realidad las conquistas políticas que abanderó José Manuel De la Sota cuando después de una consulta popular, realizó, con el pretexto de abaratar los 
gastos de la política, un reforma constitucional que transformó entre otras cosas el sistema legislativo de Bicameral a Unicameral.
Con esta reforma y el comienzo de una nueva estructura legislativa vino también la reducción de personal a través de una reestructuración que incluyó problemáticos traslados de los empleados. Después de todo eso, la planta permanente del Poder Legislativo quedó reducida a 245 empleados más los contratados que llegan y se van con cada legislador.
Dentro del bloque del oficialismo existen dos posturas, por un lado algunos legisladores plantean una posición intermedia entre la aprobación y el rechazo del proyecto de equiparación salarial otorgando aumentos progresivos que se vayan acercando de a poco a las pretensiones gremiales. Pero en este punto necesitan de la intervención en las negociaciones del vicegobernador Héctor Campana quien todavía no tomó cartas en el asunto.
La segunda postura es la de sancionar una ley que pueda garantizar la carrera administrativa y los salarios correspondientes estableciendo un tope en el ingreso de personal para restringir la cantidad de empleados permanentes para que no supere el número de trabajadores permanentes.
Es que si comienza un reconocimiento de la carrera administrativa comienzan también los ascensos y las vacantes de los cargos cuestión que las autoridades actuales quieren controlar para que el poder legislativo no llegue a tener nuevamente mil empleados y se eche por tierra 
todas las supuestas conquistas políticas que se alcanzaron después de la reforma constitucional de 2001.
Mientras que el proyecto se encuentra en estudio en comisión, el oficialismo intenta llegar a una solución que satisfaga a todos los sectores, se enfrenta también a la cruda realidad de lidiar con las consecuencias de las decisiones de los dirigentes políticos acompañadas alguna veces del consenso social que fueron minando la esencia de la representación popular.
Justamente por ser esto, durante las dictaduras militares que gobernaron el país, lo primero que hicieron fue cerrar las legislaturas con la excusa de que no sirven para nada. La gran pregunta es como 25 años después del último y más cruel gobierno de facto, la sociedad argentina en general y la cordobesa en particular llega a razonar de la misma forma aberrante.
La respuesta a esta pregunta es la resolución de una crisis de representación reflejada en la ausencia de líderes políticos frente a los que hasta ahora se han demostrado incapaces de llevar adelante procesos de transformación que cambien la vida de sus representados.
Todavía no entendemos conceptos básicos como lo que significa delegar poder, ser ciudadanos, mucho menos lo entienden nuestros representantes, por eso hoy asistimos en la Unicameral de Córdoba a una pelea por recomposiciones salariales, por recurso y por una pelea por un poco más de poder, que solo muestran la punta de un iceberg que todavía nadie entiende, pero que va a emerger necesariamente.