Cuatro Días
Esta semana concluyen las audiencias del juicio a ocho represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en el ex centro clandestino de detención "La Escuelita" durante la última dictadura en Neuquén, para quienes la Fiscalía pidió entre 25 y 20 años de prisión.
Desde mañana y hasta el jueves se realizarán las últimas jornadas de debate en el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Este juicio es el primero en la provincia por la aplicación del terrorismo de Estado en la última dictadura y no será el último porque en otra "megacausa" los mismos ocho imputados de este debate están acusados por otros 39 hechos ocurridos en Río Negro y Neuquén junto a otros 17 represores, entre los que se encuentra el ex agente de inteligencia, Raúl Guglielminetti.
Desde el 20 de agosto son juzgados por graves violaciones a los derechos humanos el ex jefe del batallón militar de Neuquén, donde funcionó el centro clandestino de detención "La Escuelita", general Enrique Braulio Olea junto a los ex jefes de inteligencia de esa unidad, Mario Alberto Gómez Arenas y del Comando de la Sexta Brigada, Oscar Lorenzo Reinhold.
También están imputados el ex jefe de personal del Comando, Luis Alberto Farías Barrera, el ex médico militar Hilarión de la Pas Sosa, los ex oficiales de inteligencia Jorge Molina Escurra y Adolfo San Martín y el ex suboficial de inteligencia, Francisco Oviedo.
La Fiscalía general solicitó que siete de los imputados sean condenados a 25 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos considerando que se trata de delitos de lesa humanidad constitutivos de un genocidio y en consecuencia imprescriptibles. Para el ex suboficial de Inteligencia Oviedo, el requerimiento de condena fue a 20 años de cárcel.
La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, querellante en la causa, solicitó para todos los imputados la pena de 25 años de prisión, compartiendo la calificación penal con la fiscalía. La querella particular de un ex detenido desaparecido acusó a siete de los ocho imputados y requirió 25 años de prisión. Desvinculó del caso que representa al ex suboficial de inteligencia Oviedo.
El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos pidió prisión perpetua para los ocho, al acusarlos del delito de genocidio. Si bien las abogadas de la entidad reconocieron que no está tipificado en el Código Procesal Penal el delito de genocidio, pidieron al Tribunal que los condene por esa figura penal en virtud del Convenio contra el Genocidio suscripto por la Argentina en 1956.
Las defensas oficiales y particulares de seis de los imputados, que expusieron sus alegatos en los últimos días, solicitaron la absolución de todos ellos. Coincidieron en líneas generales en plantear que los delitos investigados no son de lesa humanidad y por lo tanto están prescriptos.
Requirieron al Tribunal que declare la inconstitucionalidad de la ley que anuló la Obediencia Debida y el Punto Final y plantearon que los acusados cumplieron órdenes superiores en el marco de la obediencia debida.
El lunes próximo los alegatos de las defensas serán cerrados por el abogado Hernán Patricio Corigliano en representación de los ex oficiales de inteligencia, Jorge Molina Escurra y Adolfo San Martín.
El martes será el turno de la fiscalía y las querellas para las réplicas y el miércoles para las duplicas de las defensas.
Durante la última jornada del jueves 18, el Tribunal notificará a los acusados que podrán hacer uso del derecho a declarar y se aguarda que ese día los jueces informen cuando darán a conocer la sentencia.