Y dale con lo mismo!

Los abogados Guillermo Álvarez y Gerardo Ibáñez desarrollaron su alegato en la audiencia de hoy sobre la base de dos interrogantes para rebatir los elementos que comprometen a Sosa en el proceso.

En esta instancia, se preguntaron si en el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" que funcionó en el batallón militar de Neuquén durante la última dictadura había en forma permanente un médico para controlar a las víctimas que eran torturadas y si ese médico era el Coronel Hilarión de la Pas Sosa.

Ambos letrados descalificaron y pidieron la nulidad del testimonio del fotógrafo del Destacamento de Inteligencia del Ejército, Miguel Suñer que involucró el accionar de los siete imputados con el funcionamiento de "La Escuelita" a partir de los primeros meses del año 1976.

Suñer -ya fallecido- declaró en varias oportunidades ante la justicia, la CONADEP, el Obispado de Neuquén donde estaba la sede de la Asamblea por los Derechos Humanos en la década del 80 acerca del rol que cada uno de los acusados cumplía en la represión ilegal de aquellos años. La información la brindó en su condición de agente civil de Inteligencia que tenía a su cargo sacar fotos a los prisioneros de "La Escuelita" en la sala de torturas.

Los defensores de Sosa aseguraron que "Suñer no fue un mitómano, sino que para asegurarse impunidad intercambió información". En este sentido, el abogado Ibáñez afirmó que "Suñer fue uno de los testigos más manipulados que conozco".

También cuestionó al ex Juez Federal Rodolfo Rivarola quien tomó declaración a Suñer en 1985 porque "debió haberlo revelado del juramento como testigo para pasar a interrogarlo como imputado o en todo caso haberle tomado una declaración informativa".

Acusó al ex Juez de cometer el delito de "encubrimiento" y en consecuencia solicitó la nulidad de su testimonio bajo el principio de exclusión de la prueba. La conclusión arribada por la defensa del ex médico militar es que los dos interrogantes planteados al principio tuvieron como única respuesta la negación de los hechos imputados.

"Los elementos de prueba reunidos en este debate no alcanzan siquiera mínimamente para un auto de procesamiento", expresó Ibáñez.

Al hacer el petitorio final de su alegato solicitó "se declare la inconstitucionalidad de la ley 25779 (nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final), se declare extinguida la acción pena".

Basan esta solicitud por "haber operado en exceso el plazo previsto en la norma pertinente y por resultar inaplicable al caso el "Tratado de Roma" en cuanto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad habida cuenta de tratarse de una norma creada con posterioridad a la presunta comisión de los hechos y por la aplicación de la irretroactividad de la ley penal más gravosa".

También requirió que "en la improbable hipótesis de no prosperar los planteos perentorios precedentes –amén de dejar las reservas federal y de casación- solicito se declare la nulidad de los testimonios vertidos por el señor Suñer en todas sus ocasiones e instancias por manifiesta violación al artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto a la prohibición de auto incriminación con la consecuente aplicación de la regla de la exclusión probatoria por vicios procesales de estos actos".

Por último, pidió la absolución del imputado de todos los cargos formulados en el debate y "en la improbable hipótesis que se dicte un pronunciamiento condenatorio se fije una pena lo más morigerada posible atendiendo al fin resocializador de la pena, edad y estado de salud general de nuestro defendido y fundamentalmente la inexistencia de antecedentes penales" y solicitó que al acusado le sea restituido el arresto domiciliario.

Las audiencias del juicio continuarán la semana próxima durante cuatro jornadas finales.