Einstein Gutiérrez
En el marco del tratamiento del presupuesto 2009 en la legislatura de la provincia de Córdoba -fue aprobado en segunda lectura en la sesión de ayer- previamente se trató la modificación de la ley del Fondo de Desarrollo Agropecuario que introduce la nueva fórmula de cálculo de los tributos rurales de acuerdo a la productividad de la tierra.
El Fondo para el Desarrollo Agropecuario fue creado el 26 de Diciembre de 2007 teniendo como objetivo el financiamiento total o parcial de obras de infraestructura tendientes a la promoción, fomento e impulso del sector agricolo-ganadero de la provincia.
A partir de esta modificación el fondo se establecerá con carácter transitorio hasta el 31 de diciembre de 2011 integrado por un aporte del 48% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural y un importe fijo proveniente de la aplicación del nuevo coeficiente de productividad de las tierras que intenta revertir una situación de inequidad en cuanto el valor unitario.
En este sentido los tributos de los campos rurales se determinaran en relación a su valor productivo, por zonas, considerando su valor de mercado, su explotación y las condiciones agro ecológicas y económicas. También, fijará valores por hectárea en consideración a otros destinos de la parcela tales como turismo y esparcimiento.
Además quedó establecido que el monto que aportará el sector rural, no podrá superar los 100 millones de pesos que aportó durante este año. En este sentido y para evitar distorsiones exageradas en las tierras a partir de la aplicación de este nuevo coeficiente, se establecieron dos bandas que fijan topes, uno para que los aumentos no superen el 30% y otro para que no disminuyan más de un 20%.
También se crea una cuenta corriente especial en el Banco de la Provincia de Córdoba denominada “Fondo para el Desarrollo Agropecuario”, cuya administración quedará a cargo de los organismos que anualmente indique la ley de presupuesto.
En cuanto a la afectación de estos fondos para el próximo año quedó determinado que el 75% será para la pavimentación de caminos, construcción de gasoductos troncales, tendidos de redes eléctricas y obras para el manejo de aguas superficiales y sistematización de suelos.
En tanto el 5% de los recursos se asignarán a políticas activas del sector agropecuario y el 20% restante, a entes municipales y comunales, debiendo tales fondos ser afectados a obras de infraestructura básica, tales como obras de gas.
Críticas
Los principales bloques de la oposición criticaron con dureza la iniciativa de la Secretaría de Agricultura de la provincia a la que consideraron inoportuna por cuanto el nuevo índice de cálculo va en detrimento del sector agropecuario.
En este sentido el presidente de la bancada de la unión cívica radical Hipólito Faustinelli, sostuvo que “esta medida se toma porque este gobierno tiene el agua en el cuello y no se dan cuenta que nuestros productores también” y calificó la medida como “la resolución 125 a la cordobesa”.
Por su parte el vicepresidente de bloque del Frente Cívico y Social, Roberto Birri advirtió que desde su creación el fondo ha sufrido “una marcada distorsión” de sus alcances y de su espíritu original. Además aseguró que la Provincia “no ha cumplido este año con la adecuada afectación” de los fondos recaudados y puso en duda la “equitativa distribución de los recursos”, pudiendo originar un “manejo discrecional” de los recursos por parte del Gobierno.
En tanto el legislador José Maiocco de la Unión Vecinal Federal sostuvo que “el Gobierno se ha visto obligado a crear estos artilugios para recaudar, como lo hizo con el Impuesto al Fuego; este fondo no es más que otro impuesto encubierto que se plantea por no reconocer que el descuento del 30 por ciento sobre los impuestos provinciales fue un error”.
A su turno el legislador del ARI-Coalición Cívica, Omar Ruiz, agregó: “Con este tipo de decisiones impositivas se sigue pateando hacia adelante, postergando, un debate que tiene que tener esta provincia y Argentina respecto al sistema tributario. El fondo aparece porque no se quiere abrir una discusión sincera sobre el desfasaje que existe en las valuaciones fiscales de los campos”.