Que no decaiga
Los integrantes del Tribunal Oral Federal realizaron en San Luis una inspección ocular en los lugares que fueron utilizados durante la dictadura militar como centros clandestinos de detención, en el marco de las investigaciones por el primer juicio oral que se realiza en la provincia puntana.
Los jueces Roberto Nacif, Raúl Rodríguez y Roberto Burad, acompañados por fiscales, defensores y el representante de la querella, aunque no los imputados, recorrieron las instalaciones del edificio que ocupaba la Jefatura Central de Policía, en la calle San Martín, en pleno centro de la ciudad de San Luis y a media cuadra de la plaza principal, donde ahora funciona el Programa Becas Arte BAS XXI, del gobierno provincial.
Asimismo, los miembros del Tribunal inspeccionaron otros lugares como la denominada "Granja La Amalia", un predio de la Guarnición Militar San Luis ubicado en las afueras de la ciudad, dedicado a la cría y cuidado de caballos, entre otros animales, y también visitaron la llamada "La Cueva del Chancho", donde funcionó un centro de detención clandestino en la capital puntana.
El Tribunal Oral Federal de San Luis se encuentra juzgando a 5 represores por el secuestro y asesinato de Graciela Fiochetti, la desaparición de Pedro Valentín Ledesma y Sandro Santana Alcaráz, y la tortura a Víctor Fernández.
Los imputados en esta instancia son el ex jefe del Comando de Artillería 141 y de la Guarnición Militar San Luis, Coronel (RE) Miguel Fernández Gez; el ex subjefe de la policía puntana, el ex capitán del Ejército Carlos Esteban Plá; el ex comisario David Becerra; el ex subcomisario Juan Carlos Pérez, y el ex cabo Luis Orozco, miembros de Investigaciones de la Policía provincial, en aquella época. Un sexto acusado, el ex mayor Carlos Franco, que fue jefe policial, murió hace poco cuando cumplía arresto domiciliario en Buenos Aires.
La atención del público y de los medios de difusión sobre las alternativas de este primer juicio oral a represores en San Luis fue decayendo en los últimos días, situación que provocó la desazón de los familiares de las víctimas.
Los familiares atribuyeron esta situación a la calidad de las personas que declaran y la poca trascendencia de sus testimonios, quienes escudados en el tiempo transcurrido, en la edad o en supuestas enfermedades, solo responden con: "no sabía", "desconozco", "no me enteré" o "no me acuerdo".
Este hecho podría derivar en que el Tribunal disponga, en un futuro, procesar a estas personas por "falso testimonio", ya que además, en muchos casos, cambiaron las declaraciones que efectuaron con anterioridad en la etapa de instrucción ante el juzgado en Mendoza.