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Los abogados José O' Reilly y María Laura Olea argumentaron que el militar, ex jefe del batallón de Ingenieros de Construcciones 181 de Neuquén donde funcionó el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita", ignoraba lo que en ese lugar sucedía, que se limitó a prestar apoyo logístico y a cumplir órdenes de sus superiores invocando la obediencia debida.
Durante su extenso alegato, la abogada María Laura Olea –hija del imputado- solicitó al Tribunal Oral Federal de Neuquén que declare la inconstitucionalidad de la ley que anuló la obediencia debida y el punto final. "Este es un proceso plagado de irracionalidad y de graves irregularidades jurídicas porque la reapertura de la causa hace dos años es violatoria del principio de cosa juzgada", aseguró.
Rechazó que se estén juzgando delitos de lesa humanidad y por lo tanto planteó la prescripción del proceso, considerando que "la historia debe ser contada en forma completa" al hacer un extenso informe acerca del accionar en la Argentina de organizaciones como el ERP y Montoneros e incluso llegó a emocionarse al recordar la muerte de varios militares en manos de esas organizaciones en los años 1974 y 1975.
Además, insistió en que "la acción penal esta extinguida" y que el general Olea esta "sometido a una permanente situación de presión, perjuicio y ansiedad sumado a las condiciones de detención", reclamando al Tribunal que se revoque la decisión de que permanezca alojado en una cárcel y en caso de que la sentencia sea condenatoria sea trasladado a su vivienda particular en la provincia de Buenos Aires para cumplir la pena con arresto domiciliario.
El abogado O' Reilly aseguró que el ex Comandante de la Sexta Brigada, General José Luis Sexton –ya fallecido- cuando declaró en 1984 dijo que "Olea no estaba autorizado a acercarse o a ingresar al lugar que se conoció como "La Escuelita".
Reiteró el concepto de que el racionamiento de comida para las guardias de ese lugar y la provisión de elementos y refacción del lugar se cumplió "obedeciendo órdenes del Comando en tareas naturales e inherentes a la unidad militar".
El presidente del Tribunal Oral, Orlando Coscia debió interve
nir ante el planteo de una de las querellas porque la abogada Olea expuso por más de tres horas leyendo citas y textos previamente escritos.
La audiencia de mañana será a partir de las 9 –hora local- para escuchar el alegato de los abogados María Cecilia Oviedo y Hernán Elizondo, defensores del ex suboficial de inteligencia Francisco Oviedo.
La Fiscalía General solicitó para siete de los imputados 25 años de prisión por asociación ilícita para cometer graves delitos de lesa humanidad constitutivos de un genocidio. En el caso particular de Oviedo requirió una pena de 20 años de cárcel.
Los imputados en esta instancia son el ex jefe del Comando de Artillería 141 y de la Guarnición Militar San Luis, Coronel (RE) Miguel Fernández Gez; el ex subjefe de la policía puntana, el ex capitán del Ejército Carlos Esteban Plá; el ex comisario David Becerra; el ex subcomisario Juan Carlos Pérez, y el ex cabo Luis Orozco, miembros de Investigaciones de la Policía provincial, en aquella época. Un sexto acusado, el ex mayor Carlos Franco, que fue jefe policial, murió hace poco cuando cumplía arresto domiciliario en Buenos Aires.
La atención del público y de los medios de difusión sobre las alternativas de este primer juicio oral a represores en San Luis fue decayendo en los últimos días, situación que provocó la desazón de los familiares de las víctimas.
Los familiares atribuyeron esta situación a la calidad de las personas que declaran y la poca trascendencia de sus testimonios, quienes escudados en el tiempo transcurrido, en la edad o en supuestas enfermedades, solo responden con: "no sabía", "desconozco", "no me enteré" o "no me acuerdo".
Este hecho podría derivar en que el Tribunal disponga, en un futuro, procesar a estas personas por "falso testimonio", ya que además, en muchos casos, cambiaron las declaraciones que efectuaron con anterioridad en la etapa de instrucción ante el juzgado en Mendoza.