En Cámara Alta
La Cámara de Senadores de la Nación comenzará hoy a discutir en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y Transporte, el proyecto de ley para declarar "de utilidad pública y sujetas a expropiación" a las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, y sus empresas satélites.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el santacruceño Nicolás Fernández, aseguró que el oficialismo no tendrá problemas en obtener las firmas suficientes para aprobar el dictamen de mayoría, tal cuál sucedió con la media sanción que obtuvo en Diputados, y sea dispuesta en el plan de labor de la sesión del 17 de diciembre.
El proyecto fue delineado tras varias reuniones de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Empresas Privatizadas, durante las cuales los legisladores escucharon los pormenorizados informes de la Auditoría General de la Nación y del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Este último organismo estuvo encargado de obtener el valor de la compañía y, luego de varias semanas de estudio, determinó que Aerolíneas, Austral y sus compañías satélites tenían una deuda que excedía con creces el valor de sus activos y debido a esos informes, el proyecto de Ley declara "de utilidad pública y sujetas a expropiación" a las empresas aéreas.
El expediente establece que quedan exceptuadas de la expropiación las acciones del Estado Nacional y de los Trabajadores y agrega que actuará como expropiante el "organismo que a tal efecto designe el Poder Ejecutivo Nacional" garantizando de esta forma la continuidad y la seguridad del servicio, mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de los bienes de las empresas.
El artículo tercero declara que "para garantizar la prestación de los servicios" el gobierno nacional "instrumentará los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de las empresas" aéreas.
La Ley compromete al Ejecutivo a que en 180 días desde su entrada en vigencia, debe presentar un "Plan General de negocios, estratégico y operativo de mediano y largo plazo" que además deberá "contemplar especialmente las necesidades de aquellas regiones del país que dependan de manera fundamental del transporte aéreo".
El Poder Ejecutivo también deberá "discriminar los pasivos generados por las operaciones normales" de Aerolíneas y Austral de "aquellos que se hubiesen generado por operaciones dolosas o fraudulentas o que tuvieran causa en la mala gestión de los administradores", es decir de las empresas españolas SEPI e Interinvest.
Asimismo, el Ejecutivo deberá presentarse en "todas las causas penales existentes en las que se investiguen eventuales delitos que los actuales accionistas mayoritarios, los administradores de dichas empresas o aún terceros hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la sociedad".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador Nicolás Fernández indicó que la intención del oficialismo es aprobar el dictamen de mayoría para que se cumplan los plazos legislativos para que, el próximo miércoles, 17 de diciembre, sea discutido en el recinto".