25 Años
La Fiscalía General solicitó penas de 25 años de prisión para siete represores y 20 años para el restante, acusados de delitos de lesa humanidad por considerar que integraron una asociación ilícita cuyas acciones son constitutivas de genocidio. El Fiscal General Manuel de Reyes Balboa y el adjunto Roberto Grosso, expusieron su alegato durante poco más de cuatro horas en el juicio a ocho militares por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la ultima dictadura.
Balboa aseguro que "el 24 de marzo quedó como una fecha nefasta en la Argentina. El golpe fue encabezado por empleados que cumplían funciones en las fuerzas armadas". Además, hizo una reseña de los golpes militares ocurridos en nuestro país desde 1930 en adelante para asegurar que "a pesar de esos procesos nunca se había registrado tal caudal de violencia como la que sucedió a partir de 1976".
En este marco el fiscal sostuvo que "durante el juicio se obtuvo una prueba abrumadora para comprobar la existencia en el batallón de ingenieros de construcciones de Neuquén del Centro Clandestino de Detención La Escuelita". "Está acreditada la existencia de grupo de tareas que secuestraban personas, las trasladaban a "La Escuelita", las mantenían en condiciones inhumanas y las interrogaban bajo tortura para obtener con esa metodología información" sentenció.
Balboa aseguró que "como fue en todo el país aquí se aplicó un plan sistemático con una metodología clandestina pero utilizando la estructura de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad" y aseguró que "los acusados cometieron delitos de lesa humanidad a través de una asociación ilícita constitutivos de genocidio".
En este sentido señaló que "esta comprobada la participación de todos los imputados en los 17 casos de victimas investigadas en esta causa, una de las cuales permanece desaparecida". Los Fiscales Balboa y Grosso especificaron las imputaciones para cada uno de los militares juzgados sobre la base de la prueba documental, pericial y testimonial lograda en el proceso judicial.
El Ministerio Fiscal solicitó una pena de 25 años de prisión para el ex jefe del batallón militar de Neuquén, Enrique Braulio Olea; los ex jefes de inteligencia del Comando de la Sexta Brigada, Oscar Reinhold, y del batallón, Mario Alberto Gómez Arenas; el ex jefe de personal del Comando, Luis Alberto Farias Barrera; el médico Hilarión de la Pas Sosa; y los ex oficiales de inteligencia, Adolfo San Martín y Jorge Molina Ezcurra.
Para el ex suboficial de inteligencia Francisco Oviedo el pedido fue de una condena de 20 años por asociación ilícita y un caso de privación ilegitima de la libertad.
Asistió a la audiencia el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Riva y funcionarios del poder judicial.