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La decisión fue adoptada por la Justicia en el marco de la causa UP1 por el asesinato de 31 presos políticos cuando, en 1976, se fraguó una fuga para acribillarlos a balazos en el penal San Martín de la capital de Córdoba.

Los camaristas Abel Sánchez Torres, Ignacio María Vélez Funes y Ricardo Bustos Fierro, consideraron en ambos casos que no están debidamente acreditados los argumentos de salud planteados. No obstante, sostienen que la permanencia en un establecimiento penitenciario no implica un riesgo para la salud de los acusados.

En ambos casos, los jueces revocan las resoluciones emitidas por el Juzgado Federal 3 de Córdoba que el 23 de septiembre de este año concedían la prisión domiciliaria de los imputados, y en consecuencia ordenan que sean trasladados a un establecimiento carcelario común.

Fierro y González Navarro forman parte de la treintena de imputados en esta causa "Alsina, Gustavo Adolfo y otros", más conocida como UP1, por los delitos de tormentos agravados y homicidio calificado.

Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez son dos de los principales imputados por estos delitos considerados de lesa humanidad. La agrupación Hijos y Familiares de las víctimas participan como querellantes en esta causa que podría tener fecha de juicio para principios del próximo año.