“Dicen que viajando se fortalece el corazónâ€
A tan sólo dos meses de finalizar su mandato de cuatro años y luego de ser titular de la Comisión de Solidaridad (donde recalan iniciativas de esta tesitura) por ese mismo lapso, la legisladora Alejandra Vigo (UPC), presentó esta semana un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un Pase Libre, Único y Universal en el Transporte Público de la Provincia para las personas con discapacidad y su acompañante en caso de necesidad documentada.
La iniciativa que lleva la firma también de Mirta Mussi, estipula que dichas empresas (reacias), deberán transportar gratuitamente a las personas con minusvalía y a un acompañante en el trayecto que medie entre el domicilio de éstos y cualquier destino al que deban concurrir por razones de cualquier índole (familiar, asistencial, educacional, laboral, recreativas; etc).
Según marca la propuesta, la reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las personas con discapacidad y a su acompañante, las características de los pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de esta idea normativa.
La autoridad de aplicación será –en caso sancionarse el proyecto- el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a través de la Dirección de Transporte; quienes desde la vigencia del decreto presidencial 38/04 que extendió la gratuidad más allá del tratamiento terapéutico o educacional, sucumbieron ante la caprichosa negativa de las empresas en cumplirlo.
Mediante una resolución del año 2005, la Defensoría del Pueblo de la Provincia, ya expresaba “su preocupación permanente en velar por la libertad de locomoción y transito de las personas discapacitadas, cumpliendo con las facultades que le han sido conferidas por la ley”.
Particularmente, respecto a la cuestión del Servicio Público de Transporte Automotor, sostenía la institución que tiene rango constitucional, “la necesidad de modificar el artículo 1° de la Ley Provincial 8.501, con el fin de adecuarlo a la Ley Nacional 25.635 sancionada en agosto de 2002, modificatoria de la Leyes 22.431 y 24.314 “Sistema de Protección Integral de los Discapacitados”.
Si bien hay que legislar para el beneficio general, el proyecto impulsado por la mujer del futuro gobernador, Juan Schiaretti, según marcan los últimos datos del escrutinio definitivo en la Justicia Electoral, tiene “tufillo a oportunismo”; pero, si la intención es reconocer y promover los derechos de un sector vulnerable como son los discapacitados, bienvenido sea la propuesta legislativa.