Adonde van?
La agrupación H.I.J.O.S exteriorizó su repudio a la decisión de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano de conceder la libertad condicional a los represores Francisco Pablo D'Aloia y Luis Alberto López, imputados en la causa denominada UP1, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Se trata de la causa por privación ilegal de la libertad, tormentos y 31 crímenes cometidos en la cárcel de barrio San Martín de esta ciudad en simulacros de fuga montados por efectivos policiales e integrantes de la Cuarta Brigada Aerotransportada del Ejército.
Además de D'Aloia y López están involucrados en este caso el ex dictador Jorge Rafael Videla y el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros represores.
Mediante un comunicado, H.I.J.O.S. calificó de "inadmisible" la medida adoptada por la magistrada a la que acusó de desconocer jurisprudencia nacional e internacional, advirtiendo asimismo sobre la "peligrosidad procesal real y concreta de estos personajes y el grave peligro que su libertad conlleva".
Además agrega, "sostenemos que la justicia debe aplicar acabadamente los criterios de peligrosidad procesal a estos acusados de cometer delitos de lesa humanidad que ofenden no solo al Código Penal Argentino sino al Derecho Internacional".
Tras asegurar que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles", H.I.J.O.S. sostiene que "toda la estructura clandestina e ilegal diseñada desde la cúspide del Estado y que llegaba hasta los cuadros inferiores que ejecutaban el plan sistemático de exterminio, cometía innumerables conductas delictivas de carácter permanente y que según la legislación internacional a la que Argentina adhirió, aún no han cesado".
Señalan que D'Aloia y López "jamás demostraron arrepentimiento ni han colaborado con el cese y esclarecimiento de esos delitos y son responsables de cometer las peores violaciones a los DDHH que conozca nuestra historia", agregando que "han degradado la condición humana a su máximo nivel".
Luego de otros argumentos, H.I.J.O.S. reitera su repudio a la medida adoptada por la jueza Garzón de Lascano y anticipa que utilizará "todos los medios legales y procesales para revocarla", advirtiendo que "estas medidas atentan contra el avance de la justicia y la integridad física y psíquica de numerosos testigos de aquel horror".
"El único lugar para que los genocidas cumplan sus condenas y la realización de los juicios son las cárceles comunes", concluye el documento de la agrupación.
En Mendoza lo mismo
Familiares de detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar expresaron su repudio por las últimas liberaciones dictadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, aplicada sobre presuntos responsables del asesinato del periodista Francisco Paco Urondo y su esposa.
Los ex comisarios mendocinos Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk están acusados del asesinato de Urondo y la desaparición de su esposa Alicia Raboy ocurrida el 17 de junio de 1976.
La Cámara Federal de Apelaciones, al argumentar la liberación de los ex comisarios del Departamento de Inteligencia del denominado D2, señaló que "no existe a prima facie peligro de fuga ni riesgo de que cometan nuevos delitos, ni pruebas que demuestren que puedan presionar a testigos y que con su libertad se altere el orden público".
Ambos oficiales de la policía mendocina se desempeñaban en el D2, donde funcionaba un centro clandestino de detención del que fueron desaparecidos numerosas personas durante la dictadura.
Los organismos defensores de derechos humanos también se quejaron porque en los últimos meses fueron liberados otros ex jefes policiales integrantes del ex centro clandestino D2.
Ellos son Agustín Oyarzabal, quien se desempeñaba como segundo jefe del organismo represor, y los oficiales Antonio Rodríguez Vázquez y Celuciano Lucero, informaron desde el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos.
También se agregan las liberaciones del teniente coronel Orlando Dopazo y el coronel (RE) Tamer Yapar, quien ocupó el cargo de segundo comandante de la Octava Brigada de Montaña.
Por su parte, Ramón Avalos, miembro de la Liga Argentina de Derechos del Hombre, expresó su rechazo a las liberaciones de represores y torturadores porque "hace 32 años que venimos luchando por la verdad y justicia".