GENOCIDIO
El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) solicitó al tribunal que juzga a ocho represores de Neuquén que sean condenados a prisión perpetua como coautores del delito de genocidio, a pesar de no estar tipificada esa figura en el Código Procesal Penal argentino.
El alegato de las abogadas Ivana Dal Bianco y Romina Sckmunck se desarrolló sobre la base de que la última dictadura llevó adelante un "plan criminal genocida" que debe ser juzgado de esa manera por sobre la calificación de delitos de lesa humanidad que sostuvo ayer la querella de la Asamblea por los Derechos Humanos.
La abogada Romina Sckmunck explicó con detenimiento los alcances y los términos de la Convención contra el Genocidio a la que adhirió la Argentina en 1956 para sostener las argumentaciones que respaldan la acusación contra los imputados.
Ivana Dal Bianco por su parte expresó que "venimos a solicitar que se califique la conducta de los ocho imputados como delito de genocidio manteniendo la misma plataforma fáctica" y dijo que "muchos han argumentado que no se puede condenar por el delito de genocidio, que no esta en el Código Penal como también que no tiene una pena específica".
En este sentido, precisó: "que esa reglamentación interna no se haya efectuado aún desde el año 1956, no puede ser imputable a las víctimas ni a los que buscamos que se encuentre la verdad histórica de lo que pasó en la Argentina".
Bianco explicó además que "el Estado es el responsable de esta situación porque no ha cumplido con su obligación" indicando que "la condena de genocidio se impone como un deber para los jueces pues significa reconocer la verdad histórica de la Argentina y llamar a las cosas por su nombre".
Dal Bianco solicitó "en nombre de la lucha de los 30 mil desaparecidos que se condene a Oscar Reinhold, Luís Alberto Farías Barrera, Enrique Braulio Olea, Jorge Molina Escurra, Mario Alberto Gómez Arenas, Sergio Adolfo San Martín, Hilarion de la Pas Sosa y a Francisco Julio Oviedo como coautores del delito de genocidio (artículo 2 de la Convención contra el Genocidio) a la pena de prisión perpetua"
En este sentido la abogada requirió que la pena de prisión perpetua sea cumplida en una cárcel común "atento a la magnitud y gravedad del delito endilgado" y pidió que se ordene la apertura de la investigación del accionar y los responsables de la Triple "A" en la zona y que sean investigados por el delito de genocidio testigos que declararon en el juicio y que formaron parte de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura.
Las audiencias de alegatos se reanudarán el lunes próximo con la exposición de la última querella integrada por los abogados Gustavo Olivera y Gustavo Mazieres, en representación del ex detenido desaparecido Francisco Ledesma.