De Remate

El poder legislativo de la provincia de Córdoba sancionó las modificaciones a la ley que regula el nuevo procedimiento de venta de la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A (COINCOR) introduciendo el Mecanismo de Oferta Continua y creando una Comisión Especial Legislativa para el control de las operaciones que ejecute esta corporación.

Con la modificación enviada ahora, el ejecutivo provincial pretende en primer lugar, optimizar los procedimientos incorporando el Mejoramiento de Oferta Continua, que permite mejorar constantemente la última oferta recibida, alternativa utilizada por el Banco Central de la República Argentina y por el Banco de la Provincia de Córdoba S.A que reemplazará la subasta eliminada de este mecanismo.

El miembro informante por la mayoría, Dante Heredia explicó los mecanismos que regirán el procedimiento de la venta de los inmuebles señalando que en aquellos casos en que producidas dos convocatorias sin recibir ofertas o que las mismas no sean válidas se declarará desierto o fracasado el llamado.

En tal supuesto deberá disponer un nuevo llamado con una base de hasta un quince por ciento (15%) inferior sobre la tasación del inmueble, bajo el Proceso de Mejoramiento de Oferta Continua. Asimismo explicó que una vez fijado el valor de los inmuebles podrá disponer el llamado con una base de hasta un treinta por ciento (30%) inferior a la tasación del mismo.

En cuanto a los fondos obtenidos por estas ventas se especificó que destinarán para la amortización de capital e intereses de la deuda pública provincial, el desarrollo de la infraestructura provincial y para el fondo anticíclico.

Heredia destacó como un hecho inédito la creación de una comisión legislativa que tendrá a su cargo el seguimiento de las operaciones que realizará esta corporación, aportando una mayor transparencia en estas operatorias.

Esta comisión estará integrada por 5 miembros donde la mayoría designará un presidente y dos legisladores, mientras que la oposición nombrará los otros dos integrantes. En este punto y a proposición del legislador José Maiocco de la Unión Vecinal Federal se introdujo una modificación en la cuál se especificó que los dos miembros de la oposición serán, uno por la mayoría y otro por la minoría.

Por su parte, Miguel Ortiz Pellegrini presidente de bloque del Frente Cívico y Social aseguró que la Corincor “es un agujero negro de la corrupción, es un sobreviviente de la política de los gobiernos de José Manuel de la Sota para eludir los controles y para enajenar los bienes”, además señaló que esta sociedad anónima en su ultimo balance informó que perdió plata y se pregunto ¿como va a perder si lo que tiene que hacer es vender? 

Asimismo sostuvo que “esta ley va a seguir regulando la corrupción absoluta” ya que no se conoce lo que sucede con los bienes de la provincia. En este sentido, calificó al presidente de la Corporación, Carlos Presas, como el símbolo que representa un pozo negro en manos de un ladrón y dijo “es poner en manos de Alibaba y los cuarenta ladrones el tesoro de la provincia de Córdoba”.

De acuerdo a la ley 8836 y sus modificatorias, el Poder Ejecutivo puede transferir a esta Corporación los inmuebles que pertenezcan a la Provincia que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones o gestión y de aquellos que desafecte de su finalidad específica para ser enajenados. El dinero resultante de estas operaciones sólo podrá ser aplicado al pago de capital e intereses de la deuda pública provincial, al desarrollo de la infraestructura provincial y al Fondo Anticíclico. 

A través de esta ley se realizaron las polémicas ventas de las Salas del teatro San Martín y el predio del Batallón 141 originando sospechas en cuanto al funcionamiento de una corporación cuyo fin rector es el de vender inmuebles pertenecientes al patrimonio de la provincia de Córdoba.

Casi en su totalidad, los bloques de la oposición se expresaron en contra de este proyecto criticando que el estado se desprenda de bienes patrimoniales sin controles ni estudio que fijen un criterio para proceder en el desprendimiento de bienes patrimoniales estatales. 

En este sentido el legislador Omar Ruiz sostuvo que el gobierno no tiene una planificación del uso de territorio fiscal y la venta de inmuebles, ni tiene un enfoque interdisciplinario que establezca cuales son los inmuebles que se pueden o no vender y ni siquiera existen estudios de costo beneficios, ya que por un lado vende y por el otro compra.