Puntos suspensivos…
El tribunal oral federal de San Luis informó que por esta semana no podrá continuar el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, tras la recusación que hizo la defensa de dos de los imputados contra el vocal Roberto Burad.
El juicio, en el que se juzga a 5 represores por el secuestro y asesinato de Graciela Fiochetti, la desaparición de Pedro Valentín Ledesma y Sandro Santana Alcaráz, y la tortura a Víctor Fernández, fue suspendido ante la recusación a Burad por "prejuzgamiento y parcialidad manifiesta".
El Tribunal Oral Federal de San Luis, que preside el juez puntano Raúl Rodríguez, secundado por los camaristas mendocinos Burad y Roberto Nacif, informó mediante su secretaría que "por esta semana no continuará el debate, ya que el juez recusado debe tomar conocimiento por escrito de la misma y después, resolver en consecuencia, por lo que se estima que el juicio continuará recién el lunes”.
Por otra parte, la filial local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en un comunicado dado a conocer ayer, cuestionó el pedido del abogado defensor de Carlos Plá y David Becerra, de quien dijo que había tenido "una conducta irrespetuosa con el Tribunal".
Señalaron que ante esta recusación, la APDH "hace público su apoyo a la ecuanimidad del Tribunal demostrada hasta la fecha y específicamente frente a la declaración del ex oficial principal de Policía de la Departamental Pringles, en La Toma, Pedro Armando Gil Puebla, que durante toda la audiencia mostró su vergonzosa mendacidad escudándose en sus problemas de salud y los más de 30 años transcurridos".
En este juicio son juzgados el ex jefe del Comando de Artillería 141 y de la Guarnición Militar San Luis, Coronel (RE) Miguel Fernández Gez; el ex subjefe de la policía puntana, el ex capitán del Ejército Carlos Esteban Plá; el ex comisario David Becerra; el ex subcomisario Juan Carlos Pérez, y el ex cabo Luis Orozco, miembros de Investigaciones de la Policía provincial, en aquella época.
Un sexto acusado, el ex mayor Carlos Franco, que fue jefe policial, murió hace poco cuando cumplía arresto domiciliario en Buenos Aires.