A Confesión de Partes...
Un ex policía admitió su participación en torturas y responsabilizó a un ex comisario, al declarar ante la Justicia Federal de San Luís en el juicio a ocho por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
El Tribunal Oral Federal juzga a cinco represores por el secuestro y asesinato de Graciela Fiochetti, la desaparición de Pedro Valentín Ledesma y Sandro Santana Alcaraz y las torturas a las que fue sometido Víctor Fernández.
Los jueces decidieron tomar declaración por videoconferencia al ex obispo puntano Juan Rodolfo Laise e interrogaron a ex policías, antes de pasar a cuarto intermedio para resolver sobre la recusación presentada contra un miembro del Tribunal por la defensa de uno de los acusados.
Los ex policías interrogados en calidad de testigos pertenecían a la Comisaría de La Toma, 84 kilómetros al noreste de la capital puntana, donde el 21 de septiembre de 1976 fueron detenidos varios jóvenes, entre ellos Fiochetti y Fernández.
El Tribunal compuesto por los jueces Raúl Rodríguez -en calidad de presidente-, Roberto Burad y Roberto Nacif interrogó al ex policía Pedro Armando Gil Puebla, señalado por Fernández como uno de los que lo torturó en la dependencia de La Toma. Tras evasivas y reiteradas respuestas en la que aseveró no recordar los hechos, Gil Puebla terminó por admitir que participó de las sesiones de tortura y afirmó que las dirigía el ex comisario David Becerra, uno de los acusados.
También están procesados el coronel (R) Miguel Fernández Gez, que era jefe del Grupo de Artillería 141 y el capitán (R) Carlos Esteban Plá, en esa época subjefe policial de San Luís, el ex subcomisario Juan Carlos Pérez y el ex cabo Luís Orozco, quienes durante la dictadura se desempeñaron en Investigaciones de la Policía provincial. Un sexto acusado, el mayor (R) y ex jefe policial Carlos Franco, murió tiempo atrás cuando cumplía arresto domiciliario en Buenos Aires.
Por otra parte, los jueces dispusieron que declare por videoconferencia el ex obispo puntano Laise, quien reside en Italia. El apoderado del Obispado de San Luís, Marcelo Shortrede, había pedido que Laise fuera eximido de declarar por razones de salud pero la solicitud fue desestimada.
El coronel (R) Fernández Gez declaró ante el Tribunal de la causa que en una ocasión Laise acudió a su despacho y le pidió que "hiciera desaparecer a un cura (Pablo Melto) porque quería abandonar los hábitos para casarse". A lo que según el propio Gez le contestó: "Monseñor, ¿usted cree que yo soy un asesino? !Mire lo que me está pidiendo!".
El Tribunal rechazó también un pedido de la defensa de Becerra en el sentido que se lo declare incapaz, debido a enfermedades que padece. Los jueces fundaron el rechazo en que los resultados de las pericias médicas a las que fue sometido el ex comisario indican que su compatibilidad y capacidad mental no está comprometida.
Tras las indagatorias, el Tribunal pasó a cuarto intermedio para resolver sobre la recusación al juez Burad presentada por uno de los abogados defensores de Fernández Gez.