Hairabedián apuntó a Videla como el “máximo responsable” de la represión

30/11/2010
Provinciales - Juicios que cambiarán el País
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El fiscal federal se refirió a la declaración del represor quien había asumido toda la responsabilidad de los hechos diciendo que “esa confesión tiene un gran peso probatorio”. Pedirá la absolución de D'Aloia por "falta de méritos"

El fiscal federal Maximiliano Hairabedián apuntó ayer al represor Jorge Rafael Videla como el "máximo responsable de la elaboración del plan sistemático de eliminación de opositores" que implementó la última dictadura militar, al alegar en el juicio que se sigue en Córdoba por delitos de lesa humanidad.

El fiscal resaltó también que en audiencia de este juicio "Videla ha confesado” y a la vez “asume toda la responsabilidad de los hechos" que se juzgan, no así en el juicio a los comandantes, por lo tanto evalúa que "esa confesión tiene un gran peso probatorio" desde el punto de vista "no solo de la responsabilidad formal, sino también la real".

Asimismo consideró "falaz" el argumento del ex dictador de que estos hechos no eran crímenes de lesa humanidad porque las víctimas no eran población civil sino combatientes.

"Las golpizas eran sistemáticas, no fueron un día u otro, eran permanentes y se aplicaban no solo en la UP1 (Unidad Penitenciaria San Martín), sino también en las cárceles ubicadas en los distintos puntos del país", sostuvo Hairabedián.

Sobre estos secuestros, torturas, tormentos y asesinatos "Videla tenía el dominio de los programas de exterminio y en otros casos tenía conocimiento de lo que ocurría", agrega y en ese sentido menciona la directiva 404/75 que faculta al Comandante en Jefe la planificación de la lucha contra la subversión en todo el país, coloca las cárceles provinciales bajo control de Ejército

En ese contexto detalla que ubica a las brigadas de infanterías de todo el país un rol predominante para cometer los asesinatos de las personas presas por ser consideradas subversivas que luego "se encubría, previa operación psicológica, como un enfrentamiento con las fuerzas subversivas".

El coronel retirado Carlos Daniel Esteba, cuando declaró como testigo había desacreditado la versión oficial al sostener que “nunca se atacó un convoy militar con detenidos”, y que tampoco había tomado conocimiento de situaciones de fuga ni de enfrentamientos.

Hubo un antes y un después del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976", sostuvo Hairabedián al reflejar las diferencias en las condiciones carcelarias de los presos especiales, y añade que Videla claramente refleja esa situación cuando en este juicio dijo: "Que fuimos crueles, nadie le dude”.

Hairabedián enumeró parcialmente los 13 hechos, que involucran la muerte de los 31 presos especiales, y consideró que están probadaslas tipificaciones delictivas contenidos en el auto de elevación a juicio, como la `imposición de tormentos agravados, homicidio calificado, encubrimiento e imposición de tormentos seguido de muerte`.

Si bien en la mayoría de los casos el fiscal admitió la imposibilidad de establecer sobre los autores materiales de las muertes, si consideró que estaban perfectamente identificados los responsables de quiénes daban las directivas.

Hairabedián, en sus alegatos, se encargó particularmente de describir y argumentar los cargos en contra de algunos de los militares, como el caso de Videla, Vicente Meli, Juan Húber, Víctor Pino Cano, Pedro Mones Ruiz y Adolfo Alsina, en tanto que el co-fiscal Carlos Gonella completará el próximo jueves.

La audiencia de ayer fue reducida debido al fallecimiento de un familiar de uno de los abogados defensores, razón por el cual los alegatos se retomarán el jueves a partir de las 9.30 con lo que resta de la exposición de la Fiscalía y el pedido de sentencias.

El fiscal adelantó ayer que solicitará la “absolución” del militar Francisco Pablo D`aloia por “falta de meritos” en los tres hechos criminales que se lo involucran.

El titular del Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), Jaime Díaz Gavier, a los efectos de poder dictar sentencia entre el 20 y 21 de diciembre, resolvió habilitar audiencia el feriado del 8 de diciembre y tratar de culminar con los alegatos el viernes 10.

En este juicio, que comenzó el 2 de julio, se trata de establecer las responsabilidades de los 30 imputados sobre la muerte de 31 presos políticos alojados en la UP1, ocurridos en 1976 aplicando la Ley de Fugas, además de secuestros y torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces Departamento de Informaciones Policiales (D2).