Nuevo pedido de prisión perpetua en cárcel común para Videla y Menendéz

Los abogados querellantes, Rubén Arroyo y Miguel Ceballos, pidieron ayer prisión perpetua y "cárcel común", para los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, principales imputados en el juicio que se lleva a cabo por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Arroyo, representante de los familiares del preso político Raúl `Paco´ Bauducco, ocurrido en la Unidad Penitenciaria número 1 (UP1) el 5 de julio de 1976, solicitó en su alegato la pena de prisión e inhabilitación perpetua en cárcel común para Videla y Menéndez.

La misma pena solicitó para el entonces titular de la IV Brigada Aerotransportada, Víctor Pino Cano, como autor mediato del crimen y para los represores Miguel Angel Pérez y Enrique Pedro Mones Ruiz, como autor y coautor material del asesinato de Bauducco.

Al iniciar su exposición, Arroyo, calificó al proceso que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1) de la capital provincial como el "juicio más trascendente, después del realizado a las juntas militares", en 1985.

Durante el alegato, el letrado dirigiéndose al tribunal expresó: "espero se refleje en la sentencia la complicidad de la Justicia Federal, de la época, con la dictadura militar", debido a "los años en que no se investigó nada".

En otro momento, Arroyo señaló a Videla, que estaba dormitando en su butaca, al manifestar que quienes "dirigía ese hombre que se está durmiendo, eligieron la peor y la más cobarde forma de aniquilar".

"Hubo una secuencia macabra", entre el primer intento de fuga fraguado en el que fueron asesinados María Irazusta, Eduardo Bártoli y Víctor Chiavarini, el 22 de abril de 1976 y el último, el 11 de octubre del mismo año, en el que murieron los presos políticos Pablo Balustra, Oscar García, Oscar Hubert, Migel Angel Ceballos, Florencio Diaz y Juana González de Baronettol, "si no lo sacan a (Juan Bautista) Sasiaíñ, -ex jefe del Estado Mayor de la IV Brigada Aerotransportada-, la secuencia hubiera continuado".

Posteriormente, planteó su alegato, el abogado Miguel Ángel Ceballos, en representación de familiares de presos políticos asesinados en supuestos intentos de fuga ocurridos en 1976, de Eduardo Bártoli, asesinado el el 30 de abril, Juana González de Baronetto, Miguel Angel Ceballos -padre del abogado querellante-, y Florencio Diaz, muertos el 11 de octubre de ese año e Higinio Toranzo, asesinado el 12 de agosto.

Al iniciar su exposición, Ceballos destacó el accionar de organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas y a los ex presos políticos que "estuvieron en ese lugar terrible que fue la UP1", y reconoció el "compromiso del Estado argentino, del ex presidente Nestor kirchner y de la actual mandataria, Cristina Fernández, que abrazaron la causa de los Derechos Humanos y los transformaron en política de Estado".

Ceballos señaló que las víctimas "eran militantes políticos y no vamos a admitir el mote de terrorista expresado por los imputados", porque "eran jóvenes que habían abrazado la causa por los sectores más desprotegidos, para alcanzar la justicia social.

Intentaban cambiar el órden económico y político establecido que generaba exclusión. Si alguien fue terrorista, fueron los imputados".

Precisó más adelante que "los 31 presos políticos asesinados eran militantes políticos" y añadió que esos crímenes "fueron necesarios para dejar el campo fértil para la aplicación de las políticas neoliberales cuyas consecuencias nefastas estamos padeciendo aún hoy".

Tras su alegato, solicitó las prisiones perpetuas en cárcel común para los represores, además de Videla y Menéndez, a los militares, Mauricio Carlos Poncet, Jorge González Navarro, Vicente Meli, Raúl Fierro, Raúl Pino Cano, Emilio Juan Huber, Pablo D´aloia y Osvaldo Quiroga".

También para los policías, Marcelo Luna, Carlos Yanicelli, Yamil Yabour, Calixto Flores, Juan Eduardo Molina, Miguel Angel Gómez, Alberto Luiz Lucero, Luis Rodriguez y Ricardo Rocha, en tanto que para Enrique Pedro Mones Ruiz, Hibar Pérez, Miguel Angel Perez, Adolfo Alsina y José Antonio Paredes, solicitó 25 años de prisión.

Finalmente Ceballos dijo que en el banquillo de los acusados deberían estar también los jueces federales, Miguel Angel Puga y Carlos Otero Alvarez, los defensores oficiales, Ricardo Haro y Luis Molina, y los procuadores fiscales Cornejo y Fuad Ali, que actuaron en la época de la última dictadura militar, a los que acusó de "colaboracionistas".

Posteriormente el Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1), resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, donde pronunciarán sus alegatos los fiscales Maximiliano Hairabedián y Carlos Gonella.