Institucionalidad
A principio de este mes ingresó a la Unicameral -de manera sigilosa- un proyecto de resolución impulsado por el legislador del bloque de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, Emilio Graglia; mediante el cual pretende que de ahora en adelante el Defensor del Pueblo presente a la legislatura, en el plazo de 30 días el plan de actividades a desarrollar durante los cinco años de su mandato como comisionado del parlamento cordobés.
La designación de Mario Decara como nuevo ombudsman, merced a un acuerdo entre un sector 
de la UCR y la mayoría en la legislatura, terminó en la justicia por varios planteos de inconstitucionalidad a raíz de la interpretación subjetiva utilizada por sus promotores de erigirlo al ex intendente de Huerta Grande, con el dos tercios de los legisladores presentes en lugar de la totalidad del cuerpo parlamentario.
La figura del Defensor del Pueblo que según nuestra Carta Magna es el comisionado de la legislatura, se encuentra tristemente en la picota de la consideración política, periodística y social, hasta con ribetes propio de la farándula artística en torno a la personalidad de quien hoy debiera defender nuestros derechos colectivos y difusos.
La propuesta de Graglia que ni siquiera figura en el temario de la comisión de Asuntos Constitucionales donde recaló para su presunto tratamiento, exige al ombudsman acercar al 
palacio legislativo un plan de actividades a desarrollar durante su mandato. En tanto, los representantes del pueblo en el plazo de 30 días de la presentación del plan, tendrá la potestad para aprobarlo con o sin modificación o directamente rechazarlo.
El autor de la propuesta pertenece al bloque que pagó altos costos políticos por la derivación del citado caso, por lo que es doblemente meritorio. Por cuanto, sostenemos que la iniciativa de Graglia que posibilitaría controlar y evaluar al Defensor del Pueblo de manera periódica, oxigenará democráticamente una figura constitucional desconocida e innocua hasta el momento.