Rechanzan cambios al regimen de los DNU

La Cámara de Senadores rechazó ayer el proyecto de Ley para modificar el régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsaba la oposición, y que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados.

La oposición no logró juntar los 37 votos necesarios que la Constitución Nacional establece para los casos de leyes especiales contenidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.

Al ser rechazada por 29 votos a favor y 36 en contra, la norma sólo puede volver a ser debatida en el Congreso si una iniciativa sobre la misma cuestión es presentada a partir del 1 de marzo del año próximo.

El expediente rechazado ayer  intentaba modificar la Ley 26.122 sobre el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia que aprobada por la Cámara baja propiciaba que los DNU sólo quedaran firmes si ambas Cámaras del Congreso los aprueban.

En la actualidad, los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Ejecutivo quedan vigentes hasta tanto el Congreso no los rechace.

Además, el proyecto establecía 60 días para el tratamiento de los Decretos. Si los decretos no eran tratados por ambas Cámaras al término de ese período quedarían en desuso.

Asimismo, la iniciativa ampliaba de 16 a 24 los integrantes de la Comisión Bicameral que debe estudiar su legalidad y ponía a la oposición en la Presidencia del cuerpo.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, defendió la ley en vigencia argumentando que se trata de un mecanismo empleado por el Poder Ejecutivo para “desbloquear” una situación de parálisis parlamentaria.

“Además, considero seriamente que hacen falta las dos cámaras para derogar un decreto, por eso no acompañamos el proyecto que impulsa la oposición”, comentó Pichetto.

El titular de la bancada radical, Gerardo Morales, manifestó que “el sistema que existe ahora obstaculiza el control del Congreso de la Nación”.

“No puede ser que una ley que tiene mayor rango que un decreto tenga que tener más requisitos formales y que necesite, para su vigencia, la ratificación de las dos cámaras; y que un DNU no requiera de la ratificación de las dos cámaras”, sentenció el senador jujeño.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el kirchnerista Nicolás Fernández, criticó fuertemente el proyecto argumentando que “la media sanción que viene con el título de ponerle calidad institucional, viola la Constitución y, con el silencio de las Cámaras, deroga una prerrogativa del Poder Ejecutivo”.

“Ninguna reforma puede modificar la potestad que el Constituyente puso en cabeza del Poder Ejecutivo”, expresó Fernández, y agregó que “una vez emitido el DNU tiene carácter de Ley y, si el Congreso no emite norma en sentido contrario, el decreto es completamente válido”.

El peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá consideró que los decretos que emite el Poder Ejecutivo “no son ni de necesidad ni de urgencia”, porque “se emiten mientras el Congreso funciona sin obstáculos”.

“El texto constitucional es muy preciso cuando indica que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”, recordó Rodríguez Saá.

El radical Luis Naidenoff, integrante de la Comisión Bicameral que debe controlar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia, consideró que “esta reforma es necesaria, porque la anterior ley se quedó a mitad de camino”.

Además, defendió que la presidencia de la Comisión Bicameral que debe analizar los decretos “esté en manos de los legisladores de la oposición con mayor número de representantes porque es un organismo de control”.

Naidenoff también defendió que los decretos sean “aprobado por ambas Cámaras en un plazo de 60 días” y destacó que “si no se cumple con ese plazo, esas herramientas no surten efecto”.

La justicialista disidente Sonia Escudero expresó que “el 1 de marzo de este año el Ejecutivo firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia para extraer fondos del Banco Central, pasando por encima al Congreso y haciendo abuso de poder”, en referencia al uso de fondos de libre disponibilidad para pagar una parte de la deuda externa del país.

En tanto, la cordobesa del Frente Cívico Norma Morandini opinó que “presidencialismo no significa volcar todas las atribuciones en una sola persona, por más legitimidad que se tenga”, y remarcó que “la Argentina es una república, por lo que este Congreso no tiene ninguna razón para justificar que debemos ceder facultades de la Constitución sin correr el riesgo de nuestra automutilación”.