Sin Perturbarse
La segunda jornada del primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se realiza en San Luis continuó con la lectura de los cargos a los cinco represores acusados, dos ex militares y tres ex policías, por delitos cometidos durante la última dictadura militar.
La Sala de Apelaciones del Tribunal Oral Federal, estuvo presidida por el juez puntano Raúl Rodríguez, secundado por los camaristas mendocinos Roberto Burad y Roberto Nacif.
La fiscal de Instrucción, Mónica Spagnuolo, continuó con la lectura de las extensas acusaciones establecidas en las carátulas de los 17 casos que denuncia la querella y estimó que este trámite durará hasta el 3 de noviembre y luego comenzarán las declaraciones de más de 100 testigos.
Los represores acusados son el ex subjefe de la policía puntana, el ex capitán Carlos Esteban "El Chueco" Plá; el ex coronel Miguel Fernández Gez, quien fuera jefe de la Guarnición Militar San Luis; el ex comisario David "El Japonés" Becerra; el ex subcomisario Juan Carlos Pérez, y el ex cabo Luis Orozco, todos ellos integrantes del Departamento de Investigaciones de la Policía provincial en aquella época.
Los cinco están imputados del secuestro y asesinato de Graciela Fiochetti; la desaparición de Pedro Valentín Ledesma y Sandro Santana Alcaráz, y la tortura de Víctor Fernández, hace 32 años atrás, los que tenían entre 21 y 22 años de edad, en esa primavera de 1976. El sexto acusado, Carlos Alberto Franco, quien fuera jefe de la Policía provincial durante la dictadura, murió hace poco, mientras cumplía arresto domiciliario en Buenos Aires.
Al igual que ayer, los represores escucharon sin perturbarse, la lectura de los cargos que les imputó la fiscal: "privación ilegítima de la libertad, aplicación de torturas seguida de muerte y homicidio calificado", y solo cruzaron algunas palabras entre ellos, e incluso, se pudo ver a Plá tomando café, algo insólito para un acusado.
Los familiares de las víctimas estuvieron acompañados por otros ex detenidos, dirigentes de agrupaciones sociales, políticas y algunos funcionarios provinciales, como el vicegobernador Jorge Pellegrini, y nacionales, como el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde y su segundo, Luis Alem, y el senador nacional puntano, Daniel Pérsico.
Familiares de victimas de la dictadura, representantes de organismos de derechos humanos y políticos afirmaron que esperan que se haga justicia, y que a los culpables se los condene a cárcel común y perpetua en el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se realiza en San Luis.