La Corte suspendió la construcción de la represa

La Corte Suprema de Justicia suspendió ayer por 90 días la construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí, en la provincia de Corrientes, hasta tanto "se determine el impacto ambiental" que provocará el emprendimiento.

El máximo tribunal hizo lugar de esta forma a un amparo pedido por el Poder Ejecutivo para frenar la construcción encargada por un grupo empresario vinculado al empresario José Antonio Aranda (Grupo Clarín) para la producción de arroz en un campo de su propiedad.

Referentes de organizaciones ambientalistas que se manifiestan en defensa del arroyo Ayuí y del Iberá, calificaron de “positiva, prudente y justa” la resolución de la Corte Suprema.

El proyecto productivo, combatido por organizaciones ambientalistas, pretende dejar bajo agua 8 mil hectáreas, con bosques nativos, bosques costeros en galería y flora y fauna autóctona en una cercana a los Esteros del Iberá.

“La resolución es predecible, prudente y justa” dijo a Télam el biólogo Aníbal Parera, ex presidente de la Fundación Vida Silvestre y colaborador de la Fundación Iberá.

Consideró además “altamente positiva” la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, porque por más que la obra se pretenda construir en Corrientes, “su incidencia es por fuera del territorio”, explicó Parera.

En tanto, reiteró que el proyecto de la represa sobre el arroyo Ayuí Grande “es ilegal e improcedente como venimos denunciando hace 6 años”.

“Este es un llamado de atención fuerte, es tiempo que tanto las empresas como el Gobierno de Corrientes reconozcan la imposibilidad de avanzar con este emprendimiento ilegal”, dijo el biólogo a Télam.

Afirmó también que “es la primera vez que un emprendimiento de esta naturaleza intenta destruir un curso de agua por fuera de los campos de su propiedad, un arroyo que es de todos”.

Finalmente, Parera lamentó que la provincia “caprichosamente y sospechosamente, pretenda continuar provocando un daño letal a los recursos naturales”.

Por su parte, el coordinador de la campaña “Salvemos al Iberá”, Emilio Spataro, dijo que la resolución de la Corte Suprema de la Nación, “va en sintonía con lo que veníamos reclamando desde el ambientalismo”.

“Esto significa que la CSJN necesita cerciorarse del impacto ambiental que provocaría la represa y que la información presentada por el Gobierno de Corrientes no es rigurosa y profunda”.

El ambientalista, sostuvo que “seguramente el gobierno de Ricardo Colombi va a seguir apoyando a estas empresas” y agregó que "estas empresas, la de Clarín y la Soros tienen un largo historial de incumplimientos de fallos, esperemos que no avancen con las obras, no se debe construir nada por 90 días”, afirmó Spataro.

La semana pasada “Salvemos el Iberá” realizó una marcha en la Capital de Corrientes, en la que expresaron su defensa del arroyo Ayuí Grande, la interrupción de las obras (ya habían realizado electrificación) y la destrucción del terraplén en Yahaveré que atraviesa una parte de los esteros del Iberá.

“Estaremos atentos para que se cumpla la disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y seguiremos con nuestro accionar de defensa de los recursos naturales correntinos”, concluyó Spataro.