Apelarán el sobreseimiento a De La Rúa

Los familiares de las víctimas que murieron y resultaron heridas en 2001 durante la represión que precedió la precipitada renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa, apelarán ante la Cámara de Casación Penal la resolución por la que se confirmó el sobreseimiento del ex jefe del Estado.

En diálogo con Télam, el abogado Rodolfo Yanzón anticipó que “las partes acusadoras interpondremos recurso de casación contra esta resolución (que deberá tratar la Sala I) lo que demandará meses” y opinó que “el transcurso de casi nueve años desde los hechos deja en claro la indebida dilación en juzgar a los Responsables”.

El letrado afirmó que “no sorprende” la decisión de la Sala II de la Cámara Federal que ayer ratificó el sobreseimiento de De la Rua si se tiene en cuenta que “ese mismo tribunal hace años ha dado muestras de su decisión de desligarlo (al ex presidente) del proceso” aunque advirtió “con cierta satisfacción” el cambio de temperamento de uno de los magistrados.

El letrado explicó que “en su voto, los jueces (Martín) Irurzún y (Eduardo) Farah sostuvieron que De la Rúa no se encontraba en posición de garante por el hecho de haber dispuesto el estado de sitio y que funcionarios de menor rango quedaron a cargo del operativo de seguridad implementado para que los manifestantes no se acercaran a la casa de Gobierno”.

“Lo que sí sorprende, y con cierta satisfacción, es el cambio del juez (Horacio) Cattani, quien en voto minoritario opinó, de acuerdo con las partes acusadoras, por el procesamiento del ex presidente, porque entendió que sí se encontraba en posición de garante y debió haber tomado medidas para evitar lo sucedido”, sostuvo Yanzón.

Por el hecho ya se encuentran en etapa de juicio oral y público, aunque aún no tiene fecha de iniciación, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, el ex Superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, el ex Director General de Operaciones, Norberto Gaudiero y el ex subsecretario de Seguridad de la Nación, Enrique Mathov.

En todos los casos fueron procesados por los homicidios "culposos" (imprudentes o negligentes) cometidos el 20 de diciembre de 2001, que damnificaron a Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez y lesiones a un “importante número” de víctimas.

En otro legajo conexo se instó la elevación a la etapa oral de los casos de Víctor Belloni, Orlando Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez, Sebatián Saporiti, Horacio Berardi, Mario Seia, Norberto Sabbino, Ariel Firpo Castro, miembros de la Policía Federal y Jorge Varando, personal de seguridad privada de un banco desde donde se efectuaron disparos.

A éstos últimos se los juzgará por hechos puntuales de homicidios dolosos, consumados o en grado de tentativa, lesiones y abuso de armas en perjuicio de Marcelo Dorado, Sergio Sánchez, Alberto Márquez, Martín Galli, Paula Simonetti y Gustavo Benedetto, entre otros.

Los querellantes y el fiscal pedían el procesamiento de De la Rúa porque, al disponer el estado de sitio horas antes de los incidentes, asumió la “condición de garante” en relación al accionar policial, mientras que la defensa del ex presidente sostenía que "no podía ser responsabilizado por sus funciones" y que la seguridad estaba delegada en el Ministerio del Interior, en referencia al fallecido Ramón Mestre.

“Si bien todo el aparato coactivo del Estado se encontraba jerárquica y estructuralmente bajo la dependencia final de Fernando De la Rúa, ello no significa que estuviera en su cabeza la obligación de ejercer funciones operativas en el marco de la política de seguridad, pues esas tareas estaban delegadas en funcionarios menores”, sostuvieron Irurzun y Farah.

Cattani, sostuvo, en cambio, que en el sumario se reunieron suficientes evidencias como para enviar a De la Rúa a juicio oral y público por la represión que precedió a su renuncia a la presidencia de la Nación ya que se trató de “una decisión política del Gobierno Nacional”.