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“La criatura viene de nalga” suelen decir en algunos pueblos del interior de la provincia, cuando hacen referencia a una situación en particular que aparece con cierta irregularidad desde su concepción, y la designación del nuevo Defensor del Pueblo es un fiel ejemplo de una circunstancia institucional que nació mal y puede terminar de la misma forma.

Hace horas la fiscal en lo Civil, Comercial y Laboral de 2ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Silvia Adriana Barrigó, se pronunció a favor de la admisión del amparo que presentó semanas atrás el legislador radical Dante Rossi, en contra de la interpretación constitucional que hiciera un sector de la UCR y la mayoría parlamentaria para designar a Mario Decara como nuevo defensor de los derechos colectivos y difusos.

Como se recordará, a principio del mes de septiembre los impulsores de Decara al no reunir los dos tercios de los miembros de la Unicameral (47 votos) que exige el artículo 124 de la Constitución Provincial, decidieron interpretar -erróneamente- que para designar al nuevo Ombudsman solo era necesario los dos tercios de los presentes.

“Corresponde admitir la tacha intentada referida al mecanismo de aprobación de la designación del defensor del Pueblo, dispuesta por Resolución R: 2112.08 de la Legislatura provincial”, dice parte del pronunciamiento realizado por la integrante del Ministerio Público.

Luego en otro fragmento del dictamen, la funcionaria judicial indica al referirse concretamente a la designación del amigo del Ministro de Gobierno, Carlos Caserio, que­: “deviene inconstitucional por contrariar la norma contenida en el art. 124 en consonancia con el art. 104 inc. 36, ambos de la Constitución Provincial, en cuanto a la mayoría exigida para tal designación".

Lo que viene

La fiscal actuante correrá vista acerca del pronunciamiento al juez Manuel Rodríguez Juárez, quien está a cargo de la causa de manera interina por licencia de su titular, Patricia Asrin. En tanto Juárez (quien por estos días ya recibió la opinión del Gobierno provincial y del demandante), deberá remitir de manera expeditiva los antecedentes del amparo a la Mesa de Entradas para que se sortee el juzgado que deberá resolver la cuestión.

Allegados al legislador Dante Rossi confiaron a este medio que dentro de 10 días la justicia provincial podría expedirse sobre este entuerto político, que ya tiene marcados ribetes escándalsos sin precedentes en la provincia.