Vaca Narvaja reclamó el juzgamiento a los autores intelectuales
El abogado querellante, Hugo Vaca Narvaja, señaló que en el juicio que tiene como principales imputados a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, "estamos ante los autores materiales de los hechos, pero resta juzgar a los autores intelectuales" del golpe de 1976.
Vaca Narvaja es uno de los letrados querellantes en el juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal número 1 de la capital cordobesa a Videla y Menéndez, junto a otros 29 acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
El letrado señaló que el proceso "deja muchos interrogantes, siempre sostenemos que estamos con los autores materiales de estos hechos aberrantes y a la autoría intelectual del golpe cívico militar tenemos que buscarla en cuestiones foráneas".
Destacó que entre ellas se encuentran la "Doctrina de
Vaca Narvaja consideró que en aquella época "no había posibilidades de un golpe militar, sin la colaboración amplia de cientos sectores de la sociedad y en el caso de
"La iglesia tuvo una participación comprobada -añadió-, y también hubo consensos de grupos empresarios para la eliminación física o a través del encarcelamiento y el sometimiento en campos de concentración de ciertos sectores de la sociedad, identificados fundamentalmente con la militancia".
En cuanto a la complicidad de sectores de la justicia federal de Córdoba, el abogado indicó que "tenemos expectativas de las investigaciones por delitos que no están prescriptos porque son de lesa humanidad, que está llevando adelante el juez de
En ese sentido, Vaca Narvaja calificó a la actuación de la justicia federal local en esa época como "paupérrima, lamentable y cómplice de los jueces de aquel momento y de los defensores oficiales, como el caso de (Luis) Molina, (Ricardo) Haro (defensores oficiales), (Adolfo) Zamboni Ledesma (juez federal ya fallecido), de (Carlos) Otero Alvarez (ex secretario penal del juzgado federal 1) y de varios más", concluyó.
En tanto, en la audiencia de ayer, amplió su declaración Mirta Graciela "Cuca" Antón, señalada por varios testigo que pasaron por el juicio de participar activamente en sesiones de torturas en el Departamento de Informaciones de la policía D2.
En aquella época, la primera mujer enjuiciada en Córdoba por delitos de lesa humanidad, se desempeñaba con el grado de cabo de la policía de la provincia en
En su exposición, Antón negó los hechos y dijo estar en un juicio que "no me corresponde" al tiempo que acusó a los testigos que la incriminaban de realizar "falsos testimonios".
Señaló que su función en la dependencia policial eran "administrativas y tenía prohibido tener contacto con los detenidos", al tiempo que aseguró que "no trabajé con personal del ejército".
En ese sentido, rechazó el testimonio brindado por el ex preso político, Carlos Raimundo "Charlie" Moore, mediante el sistema de video-conferencia desde Londres, que la involucró en las torturas en el D2, del que "dudo que haya sido él el que habló".
Luego, amplió su declaración, Yamil "Turco" Yabour, que en la época de la dictadura se desempeñó como oficial auxiliar de
Yabour también hizo referencia al testimonio de Moore, que lo incriminó de ser un "fabulador y mentiroso", y que su actuación en el D2 era la de "ser sumariante y me están achacando actuaciones que no me corresponden y por lo tanto injusta".
Dijo que solo instruyó sumarios "como corresponden y por orden de la justicia federal. No entiendo cómo se puede llamar al D2, centro clandestino de detención si era visitado periódicamente por la propia justicia federal".
Tras esta declaración, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, donde se constituirá en