No podrán designar calles con nombres de represores

Aprobaron ayer por la mañana el proyecto que establece la prohibición de que se designen calles y arterias e la ciudad con el nombre de personas que hayan ocupado cargos de facto, que deberían haber sido electivos, en la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976.

Si bien ya se había descartado la idea al ser debatido el tema en comisiones, el concejal giacominista Gustavo Barrionuevo solicitó que se extendiera la aplicación de la norma a todos los gobiernos dictatoriales que tuvo el país, sin embargo su moción no fue acompañada.

Cabe destacar que en la propuesta inicial la concejal impulsora del proyecto, Marta Juárez del Movimiento Proyecto Sur, también contemplaba esta posibilidad, sin embargo, tal como aclaró en el recinto al momento de sancionar la norma, la única manera de lograr el consenso de todos los bloques fue centrándolo únicamente en la última dictadura militar.

En tanto, se hizo presente en la sede del cuerpo legislativo municipal el Director de Derechos Humanos Luis Miguel Baronetto, quien expresó que la ordenanza tiene un sentido estratégico importante para ver de qué modo se consolida en el futuro esta forma participativa, de decidir cuál es el mejor mecanismo para escoger el nombre de las calles de nuestros barrios.

Sirve para fomentar “no una memoria anclada en el pasado sino una que motive y entusiasme al presente de hoy” concluyó Baronetto.

Tras ser aprobado la semana pasada en la comisión de Cultura y Educación, ayer salió de la de Desarrollo Urbano el proyecto, que específicamente prohíbe la designación de calles con el nombre de personas que tengan condena firme como autores, partícipes (en cualquier grado), instigadores o encubridores de los delitos de desaparición forzada de personas, homicidio, privación ilegítima de la libertad, supresión, sustitución o falsificación de identidad, torturas y cualquier otro delito que impliquen la violación a los derechos humanos.

La medida también incluye los nombres de quienes hayan sido funcionarios políticos  en cualquier dependencia de los Estados Municipales, Provinciales y Nacional, o quienes hayan sido investidos como jueces durante algún gobierno de facto, o hayan ocupado de facto cargos electivos, en cualquier período  de interrupción del orden constitucional.

Además, no solo que prohíbe estas designaciones en adelante, sino queimplica una revisión y eliminación de las calles y espacios públicos ya denominados con estas referencias personales. 

En tanto, Juarez aclaró que  de esta modificación del Régimen General de Nomenclatura quedarían exceptuadas aquellas personas que hubieran accedido a estos cargos en virtud de una carrera administrativa previa.

Así, el proyecto de la edil salió con total consenso de la comisión de Cultura y Educación, y deberá pasar por las de Desarrollo Urbano y la de Legislación General antes de ser votada en el recinto.

Según expresó, con la medida la concejal busca extender lo que en el año 2009 se estableció con la reforma del Código de Ética, tras lo cual estas personas están inhabilitadas para ser funcionarios municipales. 

“Con este proyecto apuntamos a que ningún represor ni colaboracionista sea conmemorado como un prócer en nuestras calles y plazas. No podemos enseñarle democracia a nuestros niños y en la esquina poner un cartel con el nombre de un represor o de sus cómplices” reflexionó al respecto Juárez. 

Cabe destacar que también se considero la posibilidad de extender la medida a todos los golpes de estado que sufrió el país, sin embargo para ello no hubo consenso por lo que la autora del proyecto priorizó su despacho unánime y cuanto antes, aunque solo se aplique a la dictadura que rigió el país desde el año 1976 hasta 1984.

Nuevas Designaciones

Por otra parte, el proyecto de Juárez también propone que se establezca la obligatoriedad de informar previamente a los vecinos de la existencia de nuevos proyectos de designación de los  espacios de dominio público municipal, y que se promueva la participación  y el consenso de los vecinos en torno a la elección de nombres, mediante los mecanismos que el ejecutivo de turno considere más adecuados. 

De este modo la concejal quiere fomentar la práctica de una democracia más  participativa, que además tienda a preservar la identidad y el contexto cultural de las distintas zonas de la ciudad, sobre todo en los casos en que se susciten polémicas o controversias.

En  este sentido la edil explica que con esta medida espera poder contribuir a la resolución de futuros conflictos en torno a la designación de los nombres de los espacios públicos de la ciudad, y agrega que “el Departamento Ejecutivo Municipal es quien deberá encargarse de promover entre los vecinos la concordia, la convivencia, la unidad y la integración vecinal, mediante los mecanismos que considere pertinentes, siempre sujetos al ejercicio de la democracia participativa, y desde las dependencias encargadas de asuntos vecinales y participación ciudadana”.

Luego Juárez propone un nuevo orden de prioridades para la elección de los nombres de los espacios públicos, que tendrán como preferencia prioritaria la denominación tradicional o autóctona del lugar, los sucesos o hechos históricos ocurridos en el lugar o sus cercanías, en la Ciudad, en la Provincia, la Nación o el mundo (en ese orden).

En segunda instancia se dará prioridad a aquellas designaciones que seanel nombre de una persona de actuación destacada en la vida pública del lugar, la Ciudad, la Provincia, la Nación o el mundo, o el nombre de un lugar, ciudad argentina o extranjera o nación, con cuyo nombre se pretenda homenajear a sus habitantes.

“Deberá tratarse que los nombres nuevos tengan afinidad con los preexistentes en su toponimia a fin de preservar la identidad y el contexto cultural sobre el que se actúe, como así también a objeto de que funcionalmente sean ubicados con rapidez y seguridad” explica la concejal, y agrega que para evitar disputas o polémicas se procederá a seleccionar aquellos nombres fruto del consenso.

Con esta medida entonces, la edil busca además promover la convivencia, el consenso barrial y los valores de unidad e integración vecinal.