Irán rechazó la propuesta argentina
El gobierno de Irán rechazó la propuesta argentina de realizar un proceso judicial en un tercer país para juzgar a los ciudadanos iraníes acusados de haber participado del atentado a la AMIA.
A través de una nota dirigida al secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, y fechada el 28 de septiembre, el gobierno iraní desestimó la iniciativa planteada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 24 de ese mes en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida en Nueva York.
"La delegación de la República Islámica del Irán manifiesta su pesar ante la persistencia de algunas autoridades argentinas en seguir el camino equivocado de distanciarse de la justicia, formulando alegaciones sin fundamento contra ciudadanos extranjeros, en lugar de poner en marcha investigaciones rigurosas que muestren la voluntad política de encontrar a los auténticos autores de tan execrable crimen", comienza la nota.
El gobierno de Irán considera que "a falta de un acuerdo jurídico sobre cooperación judicial entre los dos países, y mientras las autoridades argentinas mantengan su falta de disposición a negociar instrumentos de este tipo o, cuando menos, a facilitar pruebas que sustancien sus acusaciones contra ciudadanos iraníes, cualquier petición de cooperación judicial es insostenible".
Pide asimismo al gobierno argentino que "desista de reiterar las improcedentes hipótesis y lugares comunes inventados por una administración corrupta en la década de 1990 para encubrir a los autores reales".
Le solicita además que se "tomen medidas efectivas y lleven a cabo investigaciones rigurosas para descubrir la verdad y prevenir la continua violación de los derechos fundamentales de esos ciudadanos iraníes y la discriminación contra la comunidad musulmana, que continúa aislada y discriminada en la Argentina so pretexto de la lucha contra el terrorismo".
Indica además que "no existe un instrumento vinculante sobre cooperación judicial" entre ambos gobiernos que prevea acciones judiciales de este tipo e indica que Argentina "se ha negado sistemáticamente a negociar un marco jurídico de cooperación encuestiones judiciales y ha insistido en imponer sus planes unilaterales".
También denuncia que la investigación judicial del caso "está plagada de irregularidades y carece de todos los atributos esenciales de una resolución judicial", así como tampoco "se ha respetado debidamente el principio de las garantías procesales".
No obstante, el gobierno iraní señala que "está interesado en mantener e intensificar sus históricas relaciones" con Argentina, y está "dispuesto a entablar un diálogo constructivo en un espíritu de respeto mutuo a fin de que se lleguen a comprender claramente las respectivas posiciones".
Por su parte, el fiscal del caso Alberto Nisman señaló en declaraciones periodísticas que "está claro que Irán no quiere colaborar, los argumentos no son novedosos".
Agregó que "esto nos volvió a la realidad", y sostuvo "se llegó a un punto que no hay ya posibilidad de dialogo y de colaboración".
El 9 de noviembre de 2006, Canicoba Corral ordenó la captura internacional y extradición de ocho ex funcionarios iraníes y un ciudadano libanés para que sean juzgados en el país, por su participación en el atentado perpetrado en julio de 1994, que causó 85 muertos, además de declarar la masacre como delito imprescriptible de "lesa humanidad".
En su resolución, el juez había hecho lugar a ocho pedidos de detención que le había formulado el fiscal Nisman en octubre del mismo año y agregó en el listado al ex embajador de Irán en Buenos Aires para la época del ataque, Hadi Soleimanpour.
En ese momento, el magistrado también había librado un exhorto a Irán para solicitar a ese país que arreste y ponga a los buscados a disposición de
En su dictamen Canicoba Corral consideró probado que existió una reunión el 14 de agosto de 1993 en Teherán donde se resolvió atentar contra
Este ex mandatario encabeza el listado de capturas requeridas a Interpol, integrado además por el ex ministro de Seguridad de Irán entre 1989 y 1997, Ali Fallahijan; el ex canciller Ali Akbar Velayati; el ex consejero cultural de
También se ordenó la captura del ex tercer secretario de
En diciembre de ese mismo año el juez federal Canicota Corral, declara en rebeldía al ex presidente de Irán, Alí Akbar Rafsanjani, y los otros ocho sospechosos de haber intervenido en el atentado que produjo 85 muertes, por no haberse presentado ante la justicia argentina, tras el pedido de captura internacional en su contra.
En enero de 2007, los principales dirigentes de la comunidad judía argentina y el fiscal Nisman reclamaron a Interpol que concrete la captura de los ocho iraníes y el ciudadano libanés acusados por su participación en el atentado.
Para ello, la delegación argentina viajó entonces a la ciudad francesa de Lyon, donde está la sede internacional de Interpol, donde solicitaron que las capturas sean calificadas bajo el sistema de "difusión roja", lo que en la nomenclatura del organismo significa otorgarles máxima prioridad.
Irán nunca accedió al pedido de extradición formulado por la justicia argentina, lo que motivo sucesivos pedidos de parte de