Exigieron que se incorpore como fuente de financiamiento de esta iniciativa la restitución de los aportes patronales y discutir una reforma tributaria integral para darle sustentabilidad al sistema de seguridad social
La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) filial Córdoba, rechazó el veto presidencial a la ley sancionada anteayer que elevaba las jubilaciones al 82% móvil y exigió que se incorpore como fuente de financiamiento la restitución de los aportes patronales, gravar la renta financiera y comenzar a discutir una reforma tributaria integral para darle sustentabilidad y universalidad al sistema de seguridad social.
Frente a la aprobación en el Senado de la Nación de la ley del 82% móvil sobre el salario mínimo, vital y móvil para jubilaciones y pensiones mínimas como la fórmula de recomposición de haberes y el posterior veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la CTA puntualizó a través de su secretario de Derechos Humanos, Ricardo Peidro, que “es una demostración de desprecio hacia la calidad de vida de los mayores que desde el Poder Ejecutivo veten una norma que sacaba de la pobreza al 80 por ciento de los jubilados”.
Además cuestionó que esta decisión se haya tomado “sin siquiera proponer una discusión integral y amplia sobre el sistema de seguridad social y previsional que necesitamos en la República Argentina”.
“Está claro que el debate sobre el 82% Móvil y el sistema previsional en nuestro país quedó atrapado por la coyuntura del oportunismo electoral donde tanto al gobierno como algunos sectores de la oposición les interesa muy poco los trabajadores jubilados presentes y futuros”, expresó Peidro.
En este sentido aseguró que “el veto presidencial del gobierno nacional sólo confirma la falta de voluntad política de avanzar hacia un sistema de seguridad y previsión social solidarios, universal e integral que garantice como derecho de ciudadanía a cada trabajador jubilado un ingreso justo”.
Agregó que “el veto ratifica que los viejos en nuestro país no son prioridad para el estado nacional en su deber y obligación de garantizarle calidad de vida”.
Peidro también manifestó que “desde la CTA decimos que las fuentes de financiamiento están disponibles si existiera decisión política”, al tiempo que propuso la restitución de los aportes patronales para las grandes empresas “que claramente no crearon más trabajo”, gravar la renta financiera y minera como así también las transferencias de remesas al exterior de las multinacionales, entre otras medidas.
“En síntesis, hay fuentes de financiamiento concretas, claras y contundentes para decir que si se puede avanzar por un modelo de previsión social con jubilaciones y pensiones dignas y justas”, consideró Peidro.
En tanto José Rigane, Secretario de Organización de la CTA Nacional, sostuvo que “desde la CTA históricamente fuimos parte de la lucha para lograr el 82%, siendo una deuda histórica que sin duda se trata de una decisión política y no meramente económica”.
Asimismo señaló que “nuestros jubilados y pensionados desde hace décadas vienen luchando por este derecho constitucional a un sistema de previsión social justo, solidario y universal, que dé respuestas a las necesidades de los jubilados de todo nuestro país”.
Tanto la Federación de Trabajadores Jubilados y Pensionados (FETRAJUB-CTA) como la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la CTA también rechazaron el veto presidencial por el 82% móvil.
