El fallo de la Cámara Federal se conocerá el 25 de octubre
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En la audiencia de ayer, el fiscal Ricardo Álvarez, le solicitó al tribunal que habilite la instrucción y que disponga el llamado a indagatoria de los asambleístas querellados, como pidió la fiscal Neyra.
Álvarez recalcó que los asambleístas conocían el grado del ilícito que cometían al cortar la ruta en Arroyo Verde y que, por lo tanto, son pasibles de sanción.
También, cuestionó el desempeño del juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, a quien acusó de desafectar apresuradamente de la causa a los asambleístas.
Pimentel había decidido no citar a los 10 asambleístas querellados por el gobierno nacional por entender que obraron en un error de prohibición invencible, lo que constituye una causal que los exime de culpabilidad.
La decisión del juez fue apelada por la fiscal federal, Daniela Neyra, y si los camaristas hacen lugar a esta petición, el expediente volverá al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
Pero, de todos modos, el juez Pimentel quedaría apartado de la causa y se ordenaría la indagatoria a los asambleístas, tal como lo pide la fiscal, con un nuevo magistrado.
"El juez debió haber esperado el proceso para decir que los asambleístas querellados eran ignorantes del derecho. Acá se necesita un juez que investigue, no que prejuzgue", agregó el fiscal, quien insistió que en todo proceso "debe haber un rango de sospecha, algo que aquí el juez no observó".
"No se necesita un juez clarividente, sino un tribunal serio que esclarezca el caso", le imputó el fiscal a los camaristas y remarcó también que la causa "no fue originada por la presentación del gobierno nacional, sino que se inició en 2006 por una prevención policial".
Lo hicieron en representación de los asambleístas Sira Muñoz, Paola Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandra Crimella, Jorge Fritzler, Juan Ferrarri, Osvaldo Fernández, José Gómez y Juan Veronesi.
Si
En cambio, si los camaristas hacen lugar a la apelación, el expediente volverá al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay pero el juez Pimentel quedaría apartado de la causa y se ordenaría la indagatoria a los asambleístas, tal como lo pide la fiscal federal Neyra, con un nuevo magistrado.