Critican las demoras en los juicios en Mendoza

14/10/2010
Nacionales - Juicios que Cambiarán el País
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El procurador general de la Nación volvió a reclamar ante el Consejo de la Magistratura por la lentitud de la justicia federal en dicha provincia en causas por delitos de lesa humanidad

El procurador general de la Nación, Eduardo Righi, reiteró ayer ante el Consejo de la Magistratura sus críticas por la supuesta lentitud de la justicia federal de Mendoza en causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Righi se refirió concretamente al caso del camarista federal Otilio Roque Romano, de quien recordó que ante el Consejo fue imputado por presunta complicidad con la represión.

El Procurador también mencionó "dificultades" para avanzar en las causas debido a la intervención de "conjueces" para resolver planteos procesales tales como la recusación de camaristas.

"Voy a respaldar al fiscal (Omar) Palermo", expuso Righi, en relación al representante del Ministerio Público que formuló imputaciones contra Romano y Luis Miret, quien semanas atrás renunció a su cargo de camarista federal en Mendoza.

En un escrito ante el Consejo, Romano sostuvo que es "víctima de una persecución política" por parte de organismos de derechos humanos y que "ignoraba" lo que ocurría durante el autodenominado "Proceso de Reconstrucción Nacional".

El camarista había pedido al Consejo que no recibiera a Righi, quien había exhibido su preocupación por la falta de avance de las causas sobre delitos de lesa humanidad.

Un escrito de Righi presentado días atrás ante el Consejo de la Magistratura consignó también supuestas amenazas contra Palermo y el juez Walter Bento.

La situación, expuso, "se torna más preocupante si se tiene en cuenta que se ha alertado sobre la seguridad de los magistrados encargados de las investigaciones penales, el fiscal Omar Palermo y el juez Walter Bento, frente a amenazas contra sus vidas atribuidas a Otilio Roque Romano".

En tanto, el Consejo de la Magistratura pedirá a la Corte Suprema de Justicia que analice las denuncias contra varios jueces federales de Mendoza por presunta complicidad con delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

El Consejo calificó la situación de la justicia de la provincia como de “gravedad institucional” a raíz de las trabas que tiene para avanzar en la investigación sobre el desempeño de sus magistrados.

El Consejo también le solicitará a la Corte que cubra las dos vacantes que hay en una de las salas de la Cámara Federal de Mendoza, luego de suspender al camarista federal Luís Miret y enviarlo a juicio político por haber apañado la tortura y violación de presos en aquel período, y comenzar a investigar la actitud de su colega Otilio Roque Romano por igual motivo.