Así lo dispuso el cuerpo respecto a la reunión de Directorio realizada el 30 de septiembre con el fin de que "se declare la nulidad de la convocatoria así como la de todos los puntos tratados"
La Comisión Fiscalizadora de Papel Prensa resolvió, "en base a la impugnación formulada por los síndicos en representación del Estado Nacional" en esa empresa, que "deben iniciarse las respectivas acciones judiciales para impetrar se declare la nulidad de la convocatoria así como la de todos los puntos tratados" en la reunión de Directorio celebrada el 30 de septiembre último por considerarla "inválida".
"En dicha impugnación debe ponerse de manifiesto que el Directorio de Papel Prensa ejerce funciones meramente formales vacías de contenido", señala, y acota que "la administración real de la sociedad recae en el Gerente General, quien recibe órdenes y se reporta directamente a las sociedades controlantes".
Así lo estableció la Comisión Fiscalizadora en Papel Prensa en un informe al que tuvo acceso Télam, donde señala que "prueba irrefutable de este aserto resulta el relevamiento de todas las reuniones de Directorio celebradas durante los ejercicios 2009 y 2010, de los que se desprende la ausencia casi absoluta del tratamiento de temas que hacen a los negocios ordinarios de la sociedad".
Dice que "es necesario poner de resalto que estos síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora de Papel Prensa S.A., designados a propuesta del accionista Estado Nacional, han formulado ante la Comisión Nacional de Valores denuncias que tramitan por expedientes separados, que se vinculan a `incompatibilidades de los miembros de la Comisión Fiscalizadora` y a la `falta de legitimación de los integrantes del Consejo de Vigilancia`".
En el informe se hace mención que todo lo señalado sumado "a la falta de actividad alguna del Comité Ejecutivo desde el 22 de junio de 1982 por 18 años interrumpidos, constituyen un cuadro de apartamientos sistémicos, que por su gravedad y trascendencia, justifican ser evaluados oportunamente por la autoridad de control y por la propia justicia en forma integral y no como situaciones aisladas o independientes".
El informe de la Comisión Fiscalizadora en esa papelera se refiere a la Ley de Confidencialidad sobre información y productos, a propósito de un pedido del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a cargo del ejercicio de los derechos societarios del capital accionario del Estado Nacional en Papel Prensa S.A.
El funcionario solicitó "informe respecto de las expresiones `pacto de confidencialidad`, `violación de la confidencialidad de los salarios`, `violación de la confidencialidad, la seguridad, la intimidad y a los derechos personalísimos de los gerentes` y `violación enorme de la confidencialidad de los datos de la compañía que se han hecho públicos`, vertidas por los directores en representación del capital privado en la reunión de Directorio del 30 de setiembre de 2010", sostiene el texto.
"Los miembros integrantes del Directorio de Papel Prensa S.A. en representación de los accionistas privados, al omitir informar del monto de las retribuciones que perciben cada uno de los responsables de las distintas unidades de la organización... hacen un uso distorsionado y abusivo de la normativa que regula la confidencialidad", sostiene la Comisión Fiscalizadora.
Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora de Papel Prensa "tienen el derecho y la obligación de ser informados sobre las remuneraciones del personal de la empresa controlada, por cuando es el único modo de poder ejercer las funciones que tiene atribuidas por legislación vigente con el carácter de competencias de cumplimiento inexcusable", añade el citado informe.
