Marca personal

Según fuentes calificadas del Poder Unicameral, existiría un proyecto de resolución en estado “larvario” fogoneado por un legislador del oficialismo, mediante el cual requeriría al Defensor del Pueblo, Mario Decara, presente a la legislatura en el plazo de 30 días, el plan de actividades a desarrollar durante los cinco años de su mandato como comisionado del parlamento cordobés.  

En medio de presentaciones de recursos de amparos provenientes del sector “no pactista” del bloque de la UCR, desde la organicidad misma del partido de Alem e Irigoyen y del Frente Cívico y Social contra el ex intendente de Huerta Grande, emergería desde el oficialismo una propuesta con el fin de retomar la iniciativa política perdida, sobre un tema que tiene a mal traer hasta el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti.   

Merced a un acuerdo entre el sector de la UCR en la legislatura encabezado por Hipólito Faustinelli y Miguel Nicolás y la mayoría parlamentaria, se designó a Mario Decara como Ombudsman provincial en reemplazo de Jessica Valentini.  

Decara se encuentra en la picota de la consideración política, periodística y social en menor medida, desde su polémica designación con los dos tercios de los miembros presentes en lugar del total, interpretación subjetiva utilizada por sus promotores que ya posee planteos de inconstitucionalidad en la justicia provincial. 

Iniciativa

La propuesta que exige al Defensor traer “bajo el brazo” un plan de actividades a desarrollar durante su mandato, estaría pergeñada por el legislador Emilio Graglia, quien tiempo atrás respondía políticamente al vicegobernador Héctor Campana y ahora tendría lazos coyunturales con el Ministro de Gobierno, Carlos Caserio, amigo del inefable Mario Decara.  

Dicho plan -según el anteproyecto- debiera recalar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que en el plazo de 30 días de la presentación, tendrá la potestad para aprobarlo con o sin modificación o directamente rechazarlo. En este último caso, el Ombudsman deberá rehacer el plan de actividades y presentar uno nuevo.

El plan debería incluir entre varias cuestiones, los objetivos generales y particulares de las políticas públicas a implementar desde la Defensoría del Pueblo, indicadores de resultados y de gestión que permitan evaluar y controlar los proyectos y las actividades a emprender, y –finalmente- ofrecer pormenores sobre recursos financieros, planta de personal; etc.  

La comisión presidida por el legislador Domingo Carbonetti (UPC-FPV), a los fines de la consideración del plan de actividades, podrá citar al Defensor de los derechos colectivos y difusos. También, tendría la facultad de realizar reuniones con organizaciones intermedias, comunidades regionales, municipios y comunas. 

Por último, la propuesta (que estaría ya en conocimiento del titular del oficialismo, Daniel Passerini) estipularía que la inobservancia del requerimiento y los plazos ordenados en la misma, será considerada causal de mal desempeño en el marco del artículo 112 de la Constitución Provincial, que prevé el sometimiento a un juicio político para su utópica destitución.