Para Juez el proyecto no es viable, pero votará a favor

El senador nacional por el Frente Cívico de Córdoba, Luis Juez, dijo ayer que el sistema previsional "no aguanta" un aumento de las jubilaciones mínimas al 82 por ciento del sueldo mínimo, vital y móvil, que impulsa la oposición.

Sin embargo, anunció su voto a favor del proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados, argumentando que para lograr esos recursos "hay que pelearse con alguien".

"Está claro que este sistema no aguanta si aprobamos el 82 por ciento móvil", sentenció Juez, aunque luego agregó que "está claro que hay que dotar a este sistema de los recursos que no tiene, y para eso hay que pelearse con alguien".

"¿Es una cosa de locos pedirle a la renta financiera que contribuya con el sistema previsional? ¿Ver cómo le encontramos la vuelta para que el juego contribuya al sistema previsional?", expresó el senador cordobés.

Juez aclaró que no es su intención "ponerle trabas a este gobierno", y reconoció que "después de 30 años de viaciamiento del sistema previsional este gobierno es el que empezó a desandar ese camino".

La Cámara de Senadores debatía esta noche el proyecto de Ley impulsado por la oposición para aumentar las jubilaciones mínimas hasta el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, lo que, según el oficialismo le costaría al Estado nacional más de 30 mil millones de pesos por año.

Si el Senado aprueba sin modificaciones la iniciativa se convertirá en Ley, por lo que el gobierno nacional, según lo anunció en repetidas oportunidades, la vetará.

Si la norma sufre modificaciones deberá regresar a la Cámara baja en segunda revisión. En cambio, si es rechazada, no podrá volver a ser debatida una iniciativa similar hasta el próximo año.

El titular de la comisión de Trabajo y Previsión Social, el radical Alfredo Martínez (Santa Cruz), abrió la lista de oradores y defendió el proyecto por entender que el Congreso está avanzando "en una actitud de absoluta justicia para los jubilados".

Además, Martínez consideró que -si se convierte en ley la iniciativa- los trabajadores pasivos "estarán cobrando 1.500 pesos a partir de enero" y de acuerdo con sus proyecciones el costo de la aplicación de la norma implicará un "costo que oscila entre los 27 y los 32 mil millones de pesos".

Martínez argumentó a favor del proyecto porque contempla lo resuelto en los casos Badaro y Sánchez por la Corte Suprema, que fijó la movilidad de los haberes previsionales, y advirtió que "la justicia resolvió lo que la política no pudo".

Resaltó que la propuesta "ata definitivamente (los aumentos) a los salarios (de los activos) y no les pone un techo" y permite que los juicios iniciados "los cobren los jubilados y no sus herederos".

Desde la vereda opuesta, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Eric Calcagno, afirmó que el 82 por ciento móvil "no se puede pagar con los fondos de la Anses" y consideró que el proyecto "plantea un sistema jubilatorio gravoso e ineficaz".

"No es una buena solución; dinamita la seguridad social y mete el déficit en el Presupuesto", opinó Calcagno, quien consideró además que "no se puede tomar a la ligera o con excesivo voluntarismo" una modificación de este tipo al sistema previsional.

Calcagno hizo un repaso de la aplicación del 82 por ciento móvil en los períodos de la historia y explicó cómo se fue desfinanciando el sistema y se produjeron situaciones de "emergencia" de la estructura previsional.

"Esta ley es peligrosa porque instaura un nuevo sistema de seguridad social", advirtió Calcagno, quien pidió tener en cuenta y profundizar el debate sobre sus "efectos y financiamiento".

También proyectó que el impacto fiscal en el 2011 será de "31.000 millones de pesos" y declaró que "no son convincentes" los argumentos en cuanto al impacto de la ley en la disminución de la pobreza.

En sus fundamentos, el proyecto refuerza la posición tomada por el Gobierno Nacional respecto de exigirle al gobierno británico el cese de las maniobras militares y “rechaza la realización de esos ejercicios por constituir una provocación inaceptable y susceptible de generar una carrera armamentista en la región".

Agrega el proyecto que "esta situación se contrapone totalmente a la política argentina de apego a la búsqueda de una solución pacífica de la controversia de conformidad con los llamamientos de la comunidad internacional”.