Asesinos Clandestinos
La Cámara Federal confirmó la prórroga de la prisión preventiva del ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Honorio Martínez Ruiz, procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti durante la última dictadura militar.
En una resolución de once carillas, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun ratificaron que Martínez Ruiz deberá continuar detenido hasta el juicio oral y público, tal como lo había determinado el juez federal Daniel Rafecas al prorrogarle la prisión preventiva.
Justificando esta resolución, Farah señaló que en caso de que obtuviera la libertad, el ex agente de la central de inteligencia de la dictadura, podría fugarse o eludir el accionar de la justicia ya conoce los aspectos de la última fase de las maniobras delictivas (desaparición de personas originariamente privadas de su libertad)" y podría entorpecer la investigación.
En diciembre de 2007 el fiscal Federico Delgado lo imputó por el secuestro y torturas a más de 60 personas ilegalmente cautivas en Orletti y el homicidio de cinco de ellos, entre quienes se encuentra Marcelo Ariel Gelman Schubaroff, hijo del escritor y periodista Juan Gelman quien fue privado ilegalmente de su libertad el 24 de agosto de 1976 desde su domicilio y trasladado a Automotores Orletti donde fue torturado y asesinado entre el 4 y el 9 de octubre de 1976.
En este listado se encuentran además, el comodoro (r) Néstor Guillamondegui, el coronel (r) Rubén Visuara, el general (r) Eduardo Cabanillas junto a Raúl Guglielminetti y Eduardo Ruffo, otros dos ex agentes de la SIDE.
Por su parte el fiscal Delgado sostuvo al solicitar el juicio oral que "no se trata de una causa más, porque este expediente "revela la trama de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976" donde los represores hacían algo más que satisfacer sus inclinaciones sádicas ya que neutralizaban cualquier posible entendimiento de sus víctimas imponiéndoles terror en sus mentes.
Además el juez Rafecas, parangonó los centros clandestinos de detención con los campos de concentración del nazismo.
Afuera
Una Sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, resolvió conceder la excarcelación a Juan Pablo Saá, que tuvo a su cargo la Octava Brigada de Montaña entre los años 1977 y 1979. El militar se encuentra procesado por los delitos de lesa humanidad en el llamado Operativo Cóndor, causa en la que la Justicia procesó a otros dieciséis militares.
Saá, de 81 años, se encontraba con arresto domiciliario, ordenado por el juez Walter Bento, quien le había denegado el pedido de excarcelación.
La resolución de la excarcelación fue firmada por los camaristas Julio Demetrio Petra Fernández, Alfredo Juan López Cuitiño y Carlos Pereyra González.
En los considerándos de la medida, los magistrados señalaron que el derecho a la presunción de inocencia requiere que la duración de la prisión preventiva no exceda el plazo razonable y que de lo contrario, dicha prisión adquiere el carácter de una pena anticipada y constituye una violación del artículo 82 de