Por una figura innegable
En la sesión de mañana tomará estado parlamentario para luego ser girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, un proyecto de ley por el que modifica y agrega varios artículos a la Ley Nº 7741 sobre el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba.
Según las modificaciones propuestas, figuran: dotarlo de autonomía funcional y autarquía financiera, potestad para designar al Defensor Adjunto, facultades investigativas y legitimación procesal para iniciar demandas judiciales, hasta hoy vedado.
Antes de dar ingreso administrativo a la propuesta en cuestión, la autora intelectual, Ana Dressino (UCR), se presentó ante un juez correccional para presentar una querella por injurias 
contra el flamante Ombudsman, Mario Decara, quien la había calificado de “parásito” del radicalismo, luego de oponerse férreamente a la designación del amigo del Ministro de Gobierno, Carlos Caserio.
La parlamentaria junto al total de los legisladores “no pactistas” (Dante Rossi, Alfredo Cugat, Carlos Giaveno, Norma Poncio y María Matar); que objetaron al ex intendente de Huerta Grande de manera directa e indirecta, pretende que la Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura, abra un registro por un período de 10 días, para que los ciudadanos por si o a través de ONG hagan propuestas respecto de los postulantes para el ejercicio del cargo de Defensor del Pueblo.
El nuevo sistema de elección de la figura constitucional, hoy en boca de todos por su polémica designación con el dos tercios de los miembros presentes en lugar del total, a instancias de sus impulsores (un sector de la UCR junto al oficialismo), prevé publicar por el término de tres días en el Boletín Oficial de la Provincia y en la desactualizada página web del Poder Legislativo la nómina de los candidatos propuestos con sus antecedentes curriculares pertinentes.
Dentro del plazo de diez jornadas a partir del primer día de su publicación en el Boletín Oficial se podrán presentar por escrito y fundadamente las consideraciones, opiniones, observaciones u objeciones que se consideren de interés en relación con las condiciones morales y técnicas del candidato y su “compromiso” con los principios fundamentales de la Constitución Nacional y Provincial.
Luego,
“A más de 20 años de su creación la institución demanda su adecuación a los fines de poder ejercer de modo eficiente con el mandato que la constitución le impone”, indica Dressino por medio de los fundamentos del proyecto.
“Ante ello proponemos dotarlo de plenas facultades investigativas (…) y esencialmente de la facultad de promover acciones administrativas y judiciales en todos los fueros, para ello le reconocemos legitimación procesal activa, eximiéndolo del pago de tasas administrativas o judiciales como del pago de costas cuando litigue contra entes públicos o empresas prestadoras de servicios públicos”, puntualiza la legisladora acusada de “parásito” por parte del cuestionado Defensor del Pueblo.
Denuncias al por mayor
El radicalismo de Córdoba, por medio de su titular, Mario Negri, presentó en Tribunales un amparo por el que requiere la nulidad de la resolución por la cual la Legislatura nombró Defensor del Pueblo a Mario Decara.
El ex Diputado y Senador provincial, fue elegido hace 20 días con el voto “positivo” de los dos tercios de los legisladores presentes en la sesión y no de total del cuerpo deliberativo, tal cual exige la vapuleada Constitución Provincial.
Mario Decara, suma cuestionamientos judiciales casi de manera sistemática, desde su 
designación luego de dos intentos truncos por parte de sus impulsores.
En primer lugar, el legislador Dante Rossi presentó un recurso de amparo objetando la constitucionalidad de la designación. Luego fue el turno del cura Nicolás Alessio y en la jornada de ayer se sumaron el titular de