Aporte estatal
La Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral en el ámbito del Poder Unicameral, a proposición del Presidente Provisorio, Francisco Fortuna, comenzó con el análisis de un futuro proyecto de ley mediante el cual se propone que el gobierno provincial participe en el financiamiento de los partidos políticos.
La idea oficialista va en consonancia con lo planteado en el diagnóstico y propuestas de reforma político-electoral de la provincia realizada meses atrás por la comisión de expertos comandado por el politólogo Daniel Zovatto. Los especialistas sostienen que debe ser el sistema democrático el que controla el dinero y no a la inversa. “Este criterio favorece los márgenes de autonomía de los partidos respecto al poder económico, tanto en la formulación de sus políticas, como en la selección de sus candidatos”, afirman.
En la provincia de Córdoba no existe una regulación legal específica sobre financiamiento partidario. Sólo se registran previsiones genéricas en la norma 6875 que resultarían insuficientes, como por ejemplo la rendición de cuentas y hasta la violación de manera recurrente por casi todas las fuerzas políticas.
La mayoría de los principales bloques parlamentarios a excepción del Frente Cívico y Social -ausente en la presente jornada- coincidieron en la observación de la falta de aportes estatal, a pesar de tratarse de un mandato en la Carta Magna provincial (art.33), e incluso no estaría funcionando el Fondo Partidario Permanente previsto en la mencionada ley. Los fondos oficiales sólo provienen del Ministerio del Interior, para aquellos partidos de distrito que actúan en el territorio cordobés.
Asimismo, la bancada unipersonal de RECREAR, cuyo titular es Raúl Albarracín, no está del todo de acuerdo en que el estado provincial participe en el financiamiento de los partidos políticos, si en cambio en la capacitación de los dirigentes partidarios y el aporte de espacios publicitarios; tanto en la vía publica como en los medios de comunicación.
Por su parte, un asesor legal del bloque de ARI-Coalición Cívica, por ausencia de su titular Omar Ruiz, sugirió establecer un límite económico de 5000 pesos anuales en el aporte por parte de cualquier persona física a un partido político.
A principio de la reunión el legislador Francisco Fortuna, sostuvo que el tema en debate “es sensible” y agregó que es necesario elaborar un sistema de financiamiento no sólo en los partidos políticos “sino también en las campañas electorales”.
Luego, el parlamentario de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cugat, tras adelantar su consentimiento al tema en análisis, expresó la voluntad del partido que representa en ir avanzando en temas relacionados a los plazos en la realización de la campaña electoral y en la prohibición de publicidad oficial en períodos electorales, entre otras cuestiones.
Finalmente, por cuestiones de agenda no concurrieron a la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral en el ámbito del Poder Unicameral, autoridades y especialistas de las Universidades Nacional, Católica y Tecnológica; quienes hubieran ofrecido precisiones a cerca de la utilización de instrumentos informáticos en temas eleccionarios, concretamente en la posibilidad de que la provincia tenga un “software” electoral propio. Esta semana deberá confirmarse cuando se concretará dicha visita fogoneada desde el oficialismo.