Sigue abierta una causa por prevaricato contra funcionarios menemistas

06/10/2010
Nacionales - Década Infame
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Los imputados son cuatro ex miembros del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, quienes aprobaron un millonario pago por una deuda mayor a la que correspondía a la empresa Meller y se acercan al juicio oral al ser rechazado un planteo de prescripción

Cuatro ex miembros del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, que aprobó durante el menemismo un millonario pago por una deuda mayor a la que correspondía a la empresa Meller, fabricante de guías telefónicas para la ex Entel, seguirán el camino al juicio oral por "prevaricato", al ser rechazado un planteo de prescripción.

El reves judicial fue sufrido por uno de los imputados, Ernesto Schorr y abarca a todos los procesados ya que la Cámara Federal porteña recordó que otra acusada, Yolanda Eggink, ejerció la función pública hasta el 2007 por lo cual en ese lapso no corrieron los plazos de prescripción de la causa penal, según la resolución a la que accedió Télam.

La causa Meller tiene procesada también desde 2005 a la ex interventora de Entel María Julia Alsogaray y su trámite irregular en la Corte Suprema de Justicia en ese gobierno fue uno de los principales causales que derivaron en la destitución de dos ex ministros del máximo tribunal Eduardo Moliné O Connor y Eduardo Vázquez.

Ambos fueron encontrados culpables de avalar el reclamo de la empresa que era contratista de la estatal Entel, que pretendía cobrar 399 millones de pesos por un ajuste retroactivo, algo que fue abonado en efectivo y no en bonos, como se había dispuesto en esa época.

Todos los ex miembros del Tribunal Arbitral están embargados por 32.269,424 pesos al ser procesados junto a María Julia, en una resolución del juez federal Ariel Lijo y confirmado por la Cámara en 2005.

Ahora la misma Cámara rechazó la prescripción de la acusación de prevaricato contra los ex integrantes del tribunal porque "Eggink siguió prestando funciones públicas hasta enero de 2007" y la causa tiene requerimiento de elevación a juicio por parte de la Oficina Anticorrupción el 5 d enoviembre de 2007 y de la fiscalía del 26 de octubre de 2009.

La Cámara recordó que "se interrumpe el cálculo de prescripción mientras uno cualquiera de los que hubieran participado en el delito cometido en ejercicio de la función pública continúe desempeñando su cargo publico", concluyeron los jueces Eduardo Farah y Eduardo Freiler.