Detienen a 46 policías ecuatorianos

La Fiscalía General de Ecuador dispuso la detención de 46 policías involucrados en la insubordinación del 30 de septiembre, que se suman a las de un dirigente de la opositora Sociedad Patriótica y al pedido de captura de otro, mientras el presidente Rafael Correa llamó a "depurar" la Policía Nacional.

Entre los imputados están Fidel Araujo y Pablo Guerrero, vinculados a la Sociedad Patriótica del ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-05).

Araujo, detenido anteayer, negó haber dirigido las protestas y aseguró que asistió al cuartel policial donde se inició la sublevación como "un ciudadano" que rechazaba una decisión "democráticamente".

Los agentes también buscaron a Guerrero, ex abogado del ex coronel Gutiérrez, pero no lo encontraron ni en su casa ni en su oficina. Aseguró a la televisora que está fuera de la capital y que considera la orden de prisión una "represalia".

Aunque se trata de las primeras medidas dispuestas por la justicia, Correa ya dio una idea de lo que puede ocurrir, al considerar que "hay que depurar la Policía, porque hay un núcleo duro que hará cualquier cosa para seguir mandando en el país y hacer lo que se les da la gana".

"Tenemos que sancionarlos con toda la firmeza de la ley; se intentó atentar contra la seguridad de los funcionarios, empezando por el presidente", añadió el mandatario, en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

El Ejecutivo continuará tomando medidas y correctivos tras el levantamiento policial porque "la crisis aún no ha terminado", según indicó el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, quien estimó que el estado de excepción que rige en el país hasta el viernes podría extenderse todavía más.

"Se van evidenciando algunas cosas, se va evidenciando el factor político; está claro para la policía que no hay afectación a sus ingresos; está en curso la investigación que tendrá consecuencias administrativas y penales", agregó.

El ministro indicó que era difícil conocer lo que estaba pasando en la Policía, porque sus mandos de inteligencia "nunca informaron al Gobierno que existía un proceso organizado de sublevación de la tropa".

Correa ratificó además que no planea disolver la Asamblea Nacional (parlamento) para legislar por decreto en el corto plazo, aunque señaló que esa medida "sigue siendo una opción".

Según el sitio de internet del diario El Comercio, Correa había contemplado la posibilidad de la llamada "muerte cruzada", una atribución constitucional que le permite cerrar el Congreso y legislar por decreto hasta que lleven a cabo nuevas elecciones.

"No vemos en lo inmediato necesidad de ninguna `muerte cruzada`, pero tampoco es que podemos excluirla", afirmó Correa ante corresponsales extranjeros.

Desde Washington se sumó a la polémica sobre el real alcance de la protesta policial el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Inzulsa, para quien una parte de los líderes de la sublevación tenía por objetivo "desestabilizar" el gobierno y promover "un golpe de Estado".

Al presentar ayer ante el organismo regional un informe de su viaje a Quito, Insulza afirmó que "lo que consiguió detenerse en Ecuador, el jueves, fue un intento de golpe de Estado".

"Estoy convencido de que probablemente una parte importante del contingente policial que se insurreccionó puede haber sido llevado a esta sublevación con argumentos económicos, pero no me cabe duda de que la intención de otros, que probablemente no fueron vistos en la primera fila, era llevar la sublevación hasta la ingobernabilidad", remarcó Inzulsa.

Para abonar esa teoría, Correa advirtió que se vio en el país "la contrarrevolución que siempre estuvo, pero ahora develado claramente", y mencionó a "un núcleo duro de extrema derecha sanguinaria" que no quiere abandonar los privilegios que su "revolución ciudadana" está tocando.