Recompensas, Loco y Enfermo
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos emitió dos resoluciones en la que ofreció recompensas de cien mil pesos para quines brinden datos que contribuyan a la detención del ex oficial de inteligencia del Ejército Jorge Héctor Di Pasquale, involucrado en una causa por violaciones a los derechos humanos en Neuquén y para detener al coronel (re) Aldo Mario Alvarez, involucrado en la causa en la que se investigan violaciones a los derechos humanos en el 5to. Cuerpo del Ejército, con sede en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.
La primera recompensa es en relación a la causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2 de Neuquén, a cargo del juez Guillermo Labate, quien investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "La Escuelita". También en juicio oral y público por violaciones a los derechos humanos en ese centro clandestino de detención, en el que están siendo juzgados 8 represores.
En tanto que la segunda está vinculada a la causa que se tramita en el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca a cargo del juez Alcindo Alvarez Canale, quien investiga delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando 5to. Cuerpo de Ejército. Aldo Mario Alvarez fue jefe del Departamento II Inteligencia del Cuerpo V de Ejército entre 1974 y diciembre de 1977.
Por su actuación durante la dictadura, Alvarez declaró ante la Cámara Federal de Bahía Blanca en 1987 y trece años después durante el Juicio por la Verdad. En 2006 los fiscales Antonio Castaño y Hugo Cañón pidieron su detención por todos los delitos de lesa humanidad cometidos por el Cuerpo V entre 1975 y 1977.
El Enfermo Loco
El defensor del ex jefe del Ejército durante la última dictadura militar, Cristino Nicolaides, responsabilizó al juez federal Ariel Lijo por los daños en su salud que pueda sufrir su cliente en caso de necesitar ser trasladado a un centro asistencial.
El abogado Alejandro Zeverín Escribano había pedido que en situación de emergencia Nicolaides, condenado a 25 años de prisión por Lijo por delitos aberrantes, pudiera utilizar los servicios de empresas particulares, pero el juez, como en otros casos, encargó los eventuales traslados al Servicio Penitenciario Federal (SPS).
El letrado recordó que su defendido padece una enfermedad terminal y sostuvo que la resolución viola tratados y pactos internacionales porque derivará en un tratamiento inhumano y degradante de su defendido ya que, según sus argumentos, se subordina el tratamiento de Nicolaides a la burocracia del Servicio Penitenciario Federal o provincial, ineficaces por excelencia.
Semanas atrás, cuando presentó un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara Federal que ratificó la sentencia de Lijo, Zeverín Escribano afirmó que se había condenado a un loco. El letrado aseguró que, al momento del dictado de la sentencia, Nicolaides presentaba un estado de locura sobreviviente, lo que, a su criterio, debió haber originado la suspensión del juicio.
Entre los hechos atribuidos figuran la privación ilegal de la libertad calificada y tormentos en perjuicio de Angel Carabajal, Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Lía Mariana Ercilla Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky.
Las víctimas de los delitos, que fueron calificados como de lesa humanidad, habrían formado parte de militantes montoneros que a principios de la década del 80 volvieron al país para participar de la denominada contraofensiva a la dictadura militar que gobernó a la Argentina entre 1976 y 1983.
Entre la locura y la enfermedad de uno de los componentes inhumanos más sanguinarios de la última dictadura militar, en el crepúsculo de su vida, enfermo, loco y tras las rejas, sigue sin soportar la idea de que exista un Estado, esta vez para que atienda su enfermedad física. Después de tantos años, tantas muertes y tanta historia, Y no solo que no lo acepta, sino que lo sigue despreciando.
Años atrás, con el poder arrebatado en el país, miles de argentinos pagaron con vidas sus locuras y su enfermedad psíquica. Esta vez su vida será el costo que deberá pagar por su arrogancia, terquedad y negación de sus propios derechos, en un estado democrático que aborrece.