La AB criticó a los representantes de los sectores empresarios que participaron de la Comisión de Finanzas, quienes se opusieron a que el proyecto de reforma financiera convierta el sistema en "un servicio público"
La Asociación Bancaria (AB) salió ayer al cruce de la postura difundida antes de ayer en el Congreso Nacional por tres de las principales cámaras empresarias respecto de una iniciativa oficial de reforma del sistema financiero y sostuvo que ese régimen debe ser "un servicio público".
Los sectores empresarios, representados por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) se opusieron antes de ayer en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados a que el proyecto de reforma financiera convierta el sistema en "un servicio público" y aseguraron que sólo es "de interés público".
El secretario nacional de Prensa de la Bancaria, Eduardo Berrozpe, indicó ayer que "los servicios financieros, como procuran los empresarios, no son de interés público sino públicos".
"El sistema financiero constituye un servicio público porque crear moneda -parafraseando al viejo sabio Arturo Jauretche- es una facultad exclusiva del Estado, según lo determina la Constitución Nacional", puntualizó el dirigente sindical.
Berrozpe agregó que "las entidades financieras, a través de los préstamos y otros instrumentos como las tarjetas de crédito o sus derivados, crean moneda, por lo que constituyen un servicio público que el Estado concesiona, y debe revestir la calidad de tal para toda la población, ajustado a estrictas regulaciones".
"Ello debe ser así fundamentalmente en la Argentina, donde es imposible olvidar las trágicas experiencias de la década del `90 y, particularmente, del año 2001", sostuvo el sindicalista.
Berrozpe, quien junto a una delegación bancaria viajó ayer a Santa Fe donde participó en el lanzamiento de la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista (CNSP) que orienta el titular de la CGT, el camionero Hugo Moyano, añadió que "la pretensión de los sectores empresarios apunta a que el sistema financiero no sea un servicio público y, ello, va precisamente contra el interés nacional".
"De no reafirmar el Congreso la condición de servicio público del sistema financiero se vulneraría la Constitución Nacional y se resignarían disposiciones que el Parlamento urgentemente debe adoptar sobre las entidades financieras y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA)", puntualizó el gremialista.
Berrozpe agregó que todos los argentinos deben tener acceso asequible a "los servicios financieros y, el país, no puede continuar tolerando la matriz especulativa que pretenden consolidar los sectores empresarios" y concluyó afirmando que "llama poderosamente la atención que algunos industriales se hayan plegado a esta pretensión, ya que es precisamente la industria la que más requiere de un sistema financiero para el desarrollo".
