Aprobaron la Ley de Glaciares
El Senado de
El extenso debate se prolongó por más de ocho horas y media, entre las 20 de este miércoles y las 4.30 de hoy, luego de que hicieron uso de la palabra 39 senadores, mucho más de la mitad de los 69 presentes a la hora de votar.
En la primera votación, el dictamen de mayoría, que insistía con la sanción del Senado, fue rechazado por 33 votos a favor y 35 en contra. Ese mismo resultado, pero al revés, se dio en la votación siguiente del dictamen de minoría sobre las modificaciones introducidas por Diputados.
El proyecto inició su camino por el parlamento en septiembre de 2009, cuando fue respaldado por unanimidad en
Ayer por la tarde, los integrantes de
Ese artículo también remarcaba que ante la solicitud de nuevos emprendimientos, el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología priorizará la realización del inventario en el área en cuestión.
La ley aprobada establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.
Además de considerar a los glaciares como bienes de carácter público, indica que se entiende por glaciar a toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.
Por otra parte, la ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
El extenso debate giró en torno de la protección de las reservas de agua dulce y de los cuestionamientos y los respaldos a la actividad de la minería ubicada sobre la cordillera de Los Andes.
Durante el debate, el senador porteño Daniel Filmus, quien consensuó con el diputado Miguel Bonasso algunas de las modificaciones al proyecto original, dijo que “
El legislador agregó que “las Naciones Unidas definieron hace poco el derecho a tener agua como un derecho humano”, y sentenció: “Tener agua es más importante que tener oro”.
En tanto, el presidente de
El jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Angel Pichetto, anticipó que sus palabras no eran en representación del Frente para
“El mejor proyecto es el que viene de Diputados, porque es más preciso, tiene más trabajo y desarrollo y es el que más límites le pone a la actividad minera en la zona de glaciares”, expresó Pichetto, quien recordó que la ley de protección de glaciares “no es antiminera”.
Mientras tanto, el titular de la bancada radical, Gerardo Morales, remarcó que “se ha generado un cambio cultural que deben tomar nota las mineras”; y agregó que esas empresas “son las primeras que deben respetar
El justicialista pampeano Carlos Verna pidió que “se optimice el recurso del agua” porque los que están “aguas arriba no dejan nada para los que están aguas abajo” en el curso de los ríos provenientes de glaciares.
El kirchnerista sanjuanino César Gioja fundó su apoyo a la iniciativa del Senado en que “hay una legitimidad política en orden a considerar como una expresión de quienes están vinculados a la geografía, que conocen del tema, que se preocuparon de este tema, que saben de medio ambiente pero también de las necesidades de desarrollo, porque la minería genera puestos de trabajo”.
El representante del Frente Cívico de Córdoba, Luis Juez, destacó que “hay poderosísimos intereses en juego” en la discusión del proyecto sobre glaciares, y afirmó que tenía “serias dudas” de que “todos los senadores estén defendiendo lo mismo”.
Finalmente, el oficialista santacruceño Nicolás Fernández aseguró que la sanción de Diputados “vulnera autonomías y paraliza toda la exploración”.
Por otra parte, el proyecto de Ley sobre Libre Acceso a
La iniciativa, que ahora pasó para su debate a Diputados, debió ser debatida en particular en el recinto de sesiones debido a que las comisiones que debían debatirla no llegaron a unificar un dictamen.
El proyecto tiene por objeto fijar los principios, bases y procedimientos para garantizar a toda persona física o jurídica el libre acceso a la información pública y promover la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas de aquellos encargados de administrar los asuntos públicos.
Además, establece que toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna.
El Senado aceptó la iniciativa venida de Diputados por 67 votos a favor y 1 en contra, tras un extenso debate que se inició a las 13 y finalizó cerca de las 19.
Además, se exige el blindaje del tesoro para el guardado de dinero o valores de terceros, así como un sistema especial de cajas de seguridad separado de paredes medianeras, a prueba de incendio y de violación por elementos mecánicos.
Finalmente, el proyecto propone la instalación de inhibidores o bloqueadores de señal que imposibiliten el uso de teléfonos celulares en el interior de las sucursales bancarias, con una capacidad que no afecten las comunicaciones de usuarios que estén fuera de la entidad ni interfieran con los dispositivos electrónicos que se utilizan habitualmente en los bancos.
Por otra parte, el Senado también aprobó por 33 votos a favor y 31 en contra, más dos abstenciones, y envió a Diputados, un proyecto para establecer el Servicio Cívico Voluntario, destinado a ciudadanos de entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan y que se encuentran en situación de “riesgo social”.
La iniciativa, impulsada por la oposición, busca utilizar instalaciones ociosas de las Fuerzas Armadas para impartir estudios y enseñar oficios y artes a los interesados que, además, cobrarán un subsidio de tres asignaciones familiares por hijo.
El servicio no podrá durar más de un año y los voluntarios no podrán ser beneficiarios de otros planes sociales de ayuda nacionales o provinciales.
Finalmente, los legisladores aprobaron por unanimidad un proyecto de Ley para tipificar como delito en el Código Penal la desaparición forzada de personas, con penas de prisión que van de