Financiamiento cuestionado
Uno de los aspectos que generó controversias respecto a este proyecto es el artículo que suspende por única vez y para las elecciones provinciales del año que viene artículos del código electoral provincial que dejaba asentado la responsabilidad del Juzgado Electoral en el control del financiamiento privado y en la distribución de los espacios publicitarios para los partidos políticos en los distintos medios de comunicación.
Desde el oficialismo argumentaron que esta medida se tomó “a pedido del Poder Judicial” ya que les resulta dificultoso atender responsablemente tantas complejidades, atento a que la reforma del 2008 le sumó muchas más tareas para llevar a cabo.
En este sentido desde la Unión Cívica Radical (UCR), Hugo Pozzi cuestionó que “la función más importante que tiene el juzgado electoral es la de controlar la elección y dentro de esto uno de los aspectos más importantes es la del financiamiento de los partidos políticos, principalmente los aportes privados, no se puede alegar ahora una pretendida dificultad para incumplir este propósito”, al tiempo que reflexionó que esta estrategia del bloque de la mayoría “es para no pagar el costo político”.
También rechazaron el proyecto los bloques del Frente Cívico y Social, Unión Vecinal Federal, Vecinalismo Independiente, Frente Progresista, Izquierda Socialista y Peronismo Militante-Partido Comunista quienes coincidieron en que la suspensión de varios artículos del código electoral implica un atraso a la reforma política aprobada en el año 2008.
Ese mismo proyecto que se aprobó ayer propone cambios que permiten que el estado provincial, por primera vez en Córdoba, financie las campañas políticas de todos los partidos que se presenten en las elecciones del año que viene.
Para concretar esta medida, el gobierno provincial realizará un aporte público que serán depositados en una cuenta especial en el Banco de Córdoba a nombre del Poder Judicial que será distribuido, a cargo del Tribunal Electoral, el 30 por ciento en forma igualitaria para todos los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen en la contiendan electoral.
Mientras que el 70 por ciento restante se repartirá en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido o alianza política obtuvo en las elecciones provinciales anteriores.
El monto que constituirá este fondo no podrá ser superior a la suma equivalente al dos por mil del Salario Mínimo, VItal y Móvil por elector habilitado a votar en la última elección provincial.