Apelan falta de mérito

En la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se llevó a cabo la audiencia por las apelaciones presentadas por el Ministerio Público fiscal y por las defensas de algunos de los imputados en el marco de la causa “Morard Emilio y otros, privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados”.

En la oportunidad el fiscal general Alberto Lozada expuso el informe en el que fundamento su apelación a las faltas de mérito dictadas por el Juzgado Federal Nº3 a favor de los represores Emilio Morard, Luis Manzanelli, José Hugo Herrera, Carlos Vega, Carlos Alberto Dáz, Arnoldo José López y Héctor Romero.

En tanto, el tribunal que estuvo conformado por los Dres. Abel Sánchez Torres, Octavio Cortés Olmedo y Luis Rodolfo Martínez, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 27 de este mes a las 10 horas.

Los hechos

El 3 de agosto de 1976 un grupo de personas armadas y vestidas de civil que pertenecería a la Policía de la Provincia de Córdoba, más precisamente al Departamento de Informaciones Policiales, conocido como D2, habría ingresado a la vivienda del barrio Los Boulevares en la que residían los seminaristas Ramón Alejandro Dausa, Daniel Alfredo Velarde, José Luis Destefanis, Daniel Andrés García Carrabza y Hugo Humberto Pantoja Tapia, junto al sacerdote James Martin Weeks, todos pertenecientes a la orden de Misioneros de Nuestra Sra. De la Salette.

Una vez en la residencia, el personal policial habría inmovilizado a Weeks, Velarde y Pantoja esperando la llegada de los otros religiosos, procediendo de igual manera y a medida que arribaban los restantes, a inmovilizar a García Carranza, Destefanis y Dausa, a la vez que habrían saqueado todos los objetos de valor que allí se encontraban, llevándose además material bibliográfico.

Durante el procedimiento los religiosos habrían sido apuntados con armas largas, permaneciendo esposados y vendados, sometidos a golpes y amenazas, mientras se les efectuaban interrogatorios, sin darles explicación alguna sobre los motivos del procedimiento.

Posteriormente los seis religiosos habrían sido llevados por el mismo personal policial a la sede de la D2, lugar en el que habrían permanecido tres días durante los cuales personal de la repartición los habrían amenazado, torturado, golpeado e interrogado acerca de los libros y discos secuestrados en su casa y sobre sus ideas y actividades.

La noche del día 6 de agosto de 1976 el sacerdote Weeks y los cinco seminaristas habrían sido trasladados a la Unidad Penitenciara Nº1 de barrio San Martín, conocida como UP1, establecimiento en el que sólo habrían permanecido unas horas alojados en el pabellón ocupado por presos políticos, para luego ser nuevamente trasladados a la cárcel de Encausados (al Pabellón III), lugar en el que habrían sido alojados en celdas individuales, permaneciendo varios días incomunicados y en condiciones inhumanas, sin posibilidad de asearse, sin acceso a los baños, sin luz eléctrica y sin cama, entre otras carencias que habrían sufrido.

Luego, a partir del día 8 de agosto del ’76, los cinco seminaristas habrían sido sucesivamente trasladados, vendados y maniatados, al centro clandestino de detención “La Perla”.

En ese lugar, y mientras duró la estadía de cada uno de ellos, personal militar y civil del Ejército Argentino que integraba el Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141 los habrían atormentado, obligándolos a permanecer en el suelo, vendados y amenazados, volviéndolos a interrogar sobre sus pertenencias y actividades, para luego de pasados algunos días restituirlos, incomunicados, a la Cárcel de Encausados, es donde habrían sido mantenidos al igual que Weeks sin que se les iniciara causa judicial, permaneciendo en las mismas condiciones inhumanas, condiciones estas que recién habrían cesado una semana antes de ser liberados.