Para Timerman, Papaleo "tiene derecho a un juicio"

20/09/2010
Nacionales - Papel Prensa
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El canciller consideró que la viuda de Graiver es víctima de la apropiación de la empresa por parte de Clarín, La Nación, La Razón y el Estado, por lo cual "tiene derecho a un juicio" donde se esclarezcan los hechos

El canciller Héctor Timerman dijo ayer que Lidia Papaleo de Graiver "tiene derecho a un juicio" donde se esclarezca el traspaso de las acciones de Papel Prensa de la familia Graiver a Clarín, La Nación, La Razón y al propio Estado.

"Durante años espere que enjuicien a los torturadores de mi padre, civiles y militares. Lo único que pido es la oportunidad de hablar en un juicio. Si el juez declara la inocencia de (Héctor) Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble, serán inocentes. Pero el derecho a que haya un juicio es de Lidia Papaleo de Graiver, ella es la víctima y tiene derecho a un juicio", dijo.

En declaraciones que hizo a radio La Red desde Nueva York, el canciller cuestionó además que se ponga en duda la veracidad del testimonio de Lidia Papaleo.

"Me llama la atención que se diga que la única testigo que miente es Lidia Graiver. De todos los demás testigos nunca se dice que mienten. Se toman los testimonios como válidos, pero el único caso de violación a los derechos humanos donde se cuestiona la veracidad de los testigos es donde involucran a Magnetto y Bartolomé Mitre", expresó.

Timerman también fue consultado sobre la información publicada este fin de semana por el diario Perfil, que daba cuenta de que esta semana el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, presentarán una denuncia judicial contra Magnetto y Mitre.

"No me queda clara esa información, porque en realidad son los fiscales los que deben pedir al juez que arreste a determinadas personas. No tengo ningún dato sobre eso", contestó.

Para Timerman, "sí hubo crímenes de lesa humanidad cometidos contra la familia Graiver" y "no sería la primera vez ni la última que se va a detener a personas por violaciones a los derechos humanos".