Busso contra la violencia laboral

20/09/2010
Provinciales - Unicameral
alternative
El presidente provisorio presentó un proyecto de ley que crea un marco jurídico para prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral en la administración pública. Las sanciones van desde $8.700 a $43.500

 

El Presidente Provisorio de la Unicameral y legislador de Unión por Córdoba, Sergio Busso, propuso un marco jurídico para prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia laboral en el ámbito de los tres Poderes del Estado provincial, así como en los entes autárquicos, descentralizados y agencias gubernamentales o mixtas.

El objetivo de la iniciativa, según explicó el propio Busso en los fundamentos del proyecto, es “hacer efectivo en el ámbito laboral el concepto de dignidad humana”.

Busso establece en su proyecto de ley sanciones para las conductas de violencia laboral que van desde un mínimo de 8.700 pesos hasta un máximo de 43.500 pesos por cada trabajador afectado, teniendo en cuenta el salario mínimo, vital y móvil de 1.740 pesos, cifras que aumentarán a partir de enero de 2010 cuando el salario mínimo, vital y móvil se incremente en 1840 pesos.

Asimismo se designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Producción y Finanzas, a través de la Secretaría de Trabajo, quien deberá hacer efectivo el cumplimiento de la ley, garantizando que la persona que ha sido víctima de alguna situación de violencia laboral conserve o recupere el trabajo, sin perjuicio de las acciones que le correspondan a dicho trabajador para reclamar por el daño que le causaron.

El mecanismo que deberá seguir el trabajador víctima de abuso laboral según establece Busso en su iniciativa es solicitar a la autoridad de aplicación que fije una audiencia dentro del plazo de 48 horas, con el objetivo de escuchar a las partes que deberán concurrir asistidas por su abogado patrocinante, representante gremial o la persona idónea que consideren para tal fin.

Seguidamente el funcionario interviniente deberá escuchar a las partes y a los testigos ofrecidos, debiendo resolver la denuncia en la misma audiencia. Resuelta la cuestión a favor del trabajador, la autoridad de aplicación le exigirá al empleador que ponga fin a la acción violenta en forma inmediata, quedando a su cargo los gastos que implique el tratamiento terapéutico que requiera el trabajador como consecuencia de la violencia sufrida.

El proyecto de ley del presidente provisorio de la Unicameral garantiza la estabilidad laboral, prohibiendo que sufran sanciones o despidos, a aquellas personas que hayan sido víctimas de violencia por parte de su empleador.

En este sentido la iniciativa define la violencia laboral como toda acción que manifieste abuso de poder, ejercida en el ámbito laboral por el empleador, autoridades, funcionarios, entre otros, sobre un trabajador o trabajadora que atente contra su dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social mediante amenaza, intimidación, inequidad salarial, acoso, maltrato físico o psicológico social.

“Con la presente normativa se busca otorgarle sustento legal a las denuncias debidamente fundamentadas sobre las distintas formas de violencia en el trabajo”, dijo Busso.

Finalmente el parlamentario oficialista sostuvo que “la precarización del trabajo, la flexibilidad laboral, coadyuvan a que el trabajador sea el sujeto más indefenso a los efectos de la justicia y a los abusos de la violencia laboral”, al tiempo que agregó que “ante ello, debemos generar normas que modifiquen esta situación y brinden un marco jurídico al ámbito y relaciones laborales de profunda actualidad”.