La Corte Suprema pide se investigue si hubo delito al incumplir el fallo que ordenó reponer en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa, mientras que el gobernador de Santa Cruz asegura que se trata de una “intencionalidad políticaâ€
La Càmara Federal de Comodoro Rivadavia recibió la presentación de la Corte Suprema para que se investigue la presunta comisión de un delito por parte del gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, ante el incumplimiento del fallo del Máximo Tribunal que, en octubre último, ordenara la reposición de Eduardo Sosa en su cargo de Procurador General.
Ahora, el expediente será remitido al Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo de la jueza Ana Cecilia Alvarez.
Por su parte, el gobernador Peralta, expresó que la Corte Suprema de Justicia “avasalla la autonomía y la Constitución provincial” al pretender obligarlo a restituir en su cargo al ex procurador Eduardo Emilio Sosa.
Asimismo afirmó que “hay un intento de desestabilización del gobierno de Santa Cruz por parte de la Corte Suprema y algunos socios de la provincia”.
El gobernador advirtió que no recibió una notificación formal respecto a la denuncia impulsada por la Corte, por lo que sostuvo que detrás del fallo y la falta de notificación hay una “intencionalidad política”.
“Como no tuve ninguna notificación oficial, creo que está claro que hay una intencionalidad política en la publicación de los diarios Clarín y La Nación”, afirmó en diálogo con el diario santacruceño “Tiempo Sur”.
Destacó que Sosa tiene un juicio con la provincia al cual “nunca renunció” y señaló que cobra una jubilación de 37.000 pesos por mes.
“Me parece que la Corte avasalla la autonomía provincial y también a nuestra propia Constitución. Hay un intento de desestabilización política de la provincia de parte de la Corte Suprema y de algunos socios que tiene en esta provincia”, sostuvo.
Agregó que “tienen la idea de sacar a este gobernador del medio, a lo mejor pensando que puede ser un rival muy difícil de derrotar el año que viene”, y dijo que no cambiará su postura con respecto al ex procurador, aclarando que no puede echar al actual fiscal, Claudio Espinoza.
“Se ha logrado el objetivo que se buscaba, de poner a esta provincia en la tapa de los diarios”, expresó.
En tanto, legisladores de la Unión Cívica Radical propusieron en el Congreso Nacional la intervención federal en esa provincia.
Oscar Aguad explicó que "se propone una intervención no cruenta para reponer el orden jurídico debido a la falta de acatamiento para con los fallos de la Corte Suprema".
En tanto, Ricardo Gil Lavedra manifstó que "las provincias deben acatar las decisiones", mientras Ernesto Sanz sostuvo que "no hay nada más impune que no oir durante 15 años la decisión del máximo tribunal".
Por su parte el ministro de Gobierno de Santa Cruz, Carlos Barreto, dijo a Télam que la Corte Suprema "invade la autonomía provincial", y sostuvo que para obedecerle el gobierno provincial debería "transgredir la Constitución y las leyes provinciales".
"Para restituir a Sosa habría que pasar por encima de la ley de nombramiento de cargos judiciales, y de la Constitución provincial también, que exigen una serie de requisitos. Entre otros, hay que elevar el pliego a la Cámara de Diputados de Santa Cruz, cosa que hizo el gobernador el año pasado", explicó.
Destacó que la Corte Suprema "en ningún momento cuestionó la ley 2404, de 1995, ni la designación del fiscal Claudio Espinoza, que cumplió todos los pasos exigidos".
"Lo que pide la Corte Suprema no se puede cumplir, porque destituir a Espinoza y nombrar a Sosa generaría un grave inconveniente legal. Por eso esta es una intromisión en la autonomía de Santa Cruz, pretende obligarnos a hacer algo en contra de nuestras propias normas", afirmó.
