El gobierno español analizará la solicitud argentina
El Ministro de Justicia español, Francisco Caamaño, aseguró ayer que “estudiará” la solicitud judicial argentina de información sobre la existencia de una causa abierta en España por los crímenes de la guerra civil y el franquismo.
“Respetamos las decisiones del poder judicial argentino, como respetamos siempre las que dicta el español, y si se produce una solicitud a través de los sistemas de cooperación jurídica la estudiaremos como estudiamos siempre todas las solicitudes internacionales que llegan al Ministerio de Justicia”, sostuvo Caamaño en conferencia de prensa luego de la habitual reunión de los viernes del Consejo de Ministros.
El funcionario español respondió así al ser consultado sobre la reciente decisión de la justicia argentina de reabrir la causa por “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad” cometidos por la dictadura franquista presentada el pasado 14 de abril por familiares de víctimas españolas y organizaciones de Derechos Humanos en Argentina y que había sido archivada por la jueza María Romilda Servini de Cubría.
La medida fue tomada por el juez de
“El gobierno español no es parte del proceso”, subrayó Caamaño al ser consultado si iba a cuestionar la competencia de la justicia argentina para investigar los crímenes el franquismo.
“Solo nos remitiremos a los elementos informativos o de cooperación jurídica que el juez o las autoridades judiciales argentinas estimen preguntar o requerir como se hace habitualmente”, añadió.
No obstante, Caamaño dejó clara la posición del gobierno español al afirmar que en “España se han reparado desde hace muchísimos años gran parte de las consecuencias de la guerra civil y la dictadura”.
“La democracia española ha sabido reconocer indemnizaciones, torgar pensiones, rehabilitar funcionarios, lo ha hecho con distintos gobiernos y a lo largo de todos estos años”, indicó.
Agregó que “con la denominada Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, hemos declarado además la ilegitimidad de todos aquellos procesos, consejos de guerra, resoluciones administrativas sentencias que vulneraron derechos fundamentales. Creo que o bien por la acción del gobierno o bien por la acción del parlamento, o de los tribunales hemos ido poniendo remedio a aquella situación”.
En octubre de 2008 el juez de
Por esta decisión, Garzón fue suspendido de sus funciones y está a punto de ser juzgado por un presunto delito de “prevaricato”.
En su primera resolución, Garzón atribuyó al general Francisco Franco y otros 44 militares golpistas haber desarrollado “un plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo” contra los adeptos a
Sin embargo, Garzón declaró extinguida la responsabilidad penal de Franco y el resto de los militares sublevados, entre los que se incluyen generales como Mola, Yagüe o Queipo de Llano, tras confirmar su muerte.
Ante la oposición de los procuradores de
La persecución judicial a Garzón motivó a los familiares de las víctimas y a organizaciones de Derechos Humanos a presentar una querella en Argentina.
La denuncia iniciada en la justicia argentina abarca un período que va más allá de la muerte del dictador Francisco Franco, fallecido el 20 de noviembre de 1975, con lo que involucra a ministros, gobernadores, jefes militares, guardias civiles y policías que actuaron durante el franquismo y aún están vivos.