Concluyó la etapa de prueba
El juez federal subrogante Enrique Jorge Guanziroli dio por "finalizado el período ampliado de oferta de pruebas" en la causa en la que se investiga espionaje desde la base Almirante Zar de Trelew.
La resolución, a la que tuvo acceso Télam, no fija fecha del debate oral y público, pero es considerada la antesala judicial de esa instancia en la que se encuentran 14 imputados quienes comparecerán ante Guanrizoli, quien es juez correccional, condición que marca que nadie irá preso, ya que el delito es excarcelable.
En su resolución, el magistrado cita "a prestar declaración testimonial" al secretario de Derechos Humanos de
La causa se inició el 17 de marzo del 2006 cuando el juez federal de entonces, Jorge Pfleger, encabezó una delegación de ese tribunal que allanó la oficina donde funcionaba el servicio de inteligencia naval, secuestrando documentación y equipo informático en la guarnición militar de Trelew.
Entre los papeles incautados figuraban informes con datos personales de dirigentes políticos y sociales como así también consideraciones y apuntes que evidenciaban la actividad de espionaje a civiles desde esa base de
Los primeros indicios colectados por la justicia federal con asiento en Rawson tuvieron una repercusión inmediata en el orden nacional y se tradujeron en el alejamiento del vicealmirante Pablo Rossi, ex director de inteligencia naval y del contralmirante Eduardo Luis Avilés, quien se desempeñaba como jefe del Comando de Operaciones Navales.
Ambos cuadros de la armada fueron removidos por expreso pedido de
Al mes siguiente de iniciarse la investigación, el juez Pfleger renunció y pasó a desempeñarse como integrante del Superior Tribunal de Justicia del Chubut.
Tras varias idas y vueltas, la causa quedó en manos del actual juez federal Hugo Sastre, quien primero actuó como subrogante hasta que ganó el concurso y fue aprobada su designación definitiva como juez nacional.
La investigación se inició por una denuncia que formuló el cabo Carlos Alegre, quien trabajaba en las oficinas de inteligencia de la base Almirante Zar de Trelew, a través del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que la formalizó en tribunales.